El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin, las enmiendas a la totalidad formuladas por UPN, PPN y Vox al Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias que, con el ánimo de “incentivar el alquiler de vivienda, el rejuvenecimiento del sector primario y la reinversión industrial”, ha presentado el Gobierno.
UPN, PPN y Vox han intercambiado apoyos a sus respectivas propuestas, en todo caso insuficientes ante la mayoría absoluta de la coalición parlamentaria que sostiene al Gobierno.
Al no prosperar la devolución, el proyecto de Ley será trasladado a la Comisión de Economía y Hacienda, donde el día 13 de diciembre se sustanciarán los trabajos dirigidos a conformar el dictamen que, previsiblemente, el día 19 será elevado a Pleno para su definitivo debate y votación. El plazo para la presentación de enmiendas parciales expiró el martes, día 26. Se han registrado 26, 11 de UPN, 11 del PPN, 1 de EH Bildu y otras tres suscritas conjuntamente por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
La enmienda a la totalidad planteada por UPN descansa en la convicción de que el proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias “consolida una política fiscal que no responde a las demandas más relevantes del conjunto de la sociedad navarra, a la que, aceptando parte de las exigencias de EH Bildu, se condena a ser la que que más impuestos paga en IRPF, Patrimonio o Sociedades”.
Aun reconociendo la incorporación de “pequeñas mejoras”, incluida la “recuperación de incentivos en vivienda o reinversión empresarial que nunca debieron ser eliminados”, UPN considera que el modelo fiscal del Gobierno constituye un “castigo para rentas medias bajas” y resulta “enormemente gravoso para familias, empresas y autónomos”.
A su entender, el proyecto de Ley “no va a mejorar la competitividad fiscal” y, por ende, “tampoco va a generar actividad económica ni empleo. No sólo no se observa un alivio fiscal relevante, sino que, además, discrimina negativamente en relación a los impuestos que se pagan en otras CCAA y, por tanto, penaliza el futuro".
Todo ello, según se aduce, con el agravante de tratarse del mismo modelo tributario que el PSN “rechazaba en la oposición” y que ahora, “para garantizarse la Presidencia del Ejecutivo”, acepta haciendo caso omiso a “multitud de organizaciones o colectivos que llevan años solicitando un replanteamiento” del marco impositivo.
En la misma línea, la enmienda a la totalidad formulada por el G.P. PPN descansa sobre la convicción de hallarse ante un documento continuista, con “medidas que no favorecen ni el empleo ni la inversión”, que “tampoco resultan suficientes para aliviar la carga fiscal” y que “dificultan la promoción del crecimiento y la inversión”.
El PPN justifica su posición en las conclusiones de una serie de estudios comparados que localizan el origen de la pérdida de competitividad en el “esfuerzo fiscal al que, tanto en IRPF como en Patrimonio o Sociedades”, se ve abocado el grueso de los agentes sociales y económicos de la Comunidad Foral, cuya “previsión de PIB para 2024 (2,5%) se halla cuatro décimas por debajo de la nacional (2,9%)”.
Con todo, pese a esa pérdida de pujanza, Navarra se mantiene junto a Madrid y País Vasco, que le arrebata la segunda posición, en el triángulo competitivo de 2023 con mejores índices.
De manera muy similar, con idénticos datos y argumentos, Vox arguye que el proyecto de Ley “perpetúa y agrava los problemas estructurales de la economía navarra, al no cumplir con los objetivos fundamentales de fomentar el crecimiento y simplificar el sistema impositivo”.
A ese respecto, se aduce que “aumentan las cargas sobre ciudadanos y empresas, con especial impacto en emprendedores, autónomos y pymes, tres de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y la creación de empleo, de ahí la pérdida de competitividad respecto a otras comunidades autónomas y regiones europeas”.
Los grupos que sostienen al Gobierno de Navarra se han remitido a los principios que inspiran el proyecto de Ley para, desde el “compromiso con el derecho a la vivienda, la reinversión industrial y el relevo generacional en el sector primario”, desestimar, con matices diferentes, las enmiendas a la totalidad defendidas por la oposición.
En ese sentido, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han coincidido en subrayar la importancia de la “cohesión política y social” a la hora de enfrentar la vorágine especulativa que pone en cuestión el acceso de buena parte de la población a un derecho básico como la vivienda, cuya salvaguarda fían a una serie de incentivos fiscales dirigidos a “contener el precio y aumentar la oferta” en régimen de alquiler.
Los estímulos se extienden a la industria (exención del 100% por reinversión de los beneficios extraordinarios), al sector audiovisual (la deducción sube del 35% al 45%), a la compra de vehículos eléctricos (el límite de la minoración se incrementa en 3.000 euros, hasta 35.000) y al sector primario (7 millones en ayudas fiscales). No obstante, el proyecto de Ley viene mediatizado por la devolución del IRPF a los mutualistas, no en vano acapara 150 de los 220 millones que, según se estima, supondrán el conjunto de medidas fiscales.
