El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido hoy con la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero Martínez, a equiparar las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo “con independencia de si existe o no una sentencia judicial que fije la responsabilidad civil”.
La senadora regionalista ha preguntado al ministro si “sigue vigente su compromiso con las víctimas del terrorismo de legislar lo necesario para la equiparación de las indemnizaciones de las víctimas que tienen sentencia judicial y las que no la tienen”, tal y como expuso el propio Marlaska en 2023, afirmando que a tal fin se llevaría a cabo la necesaria reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo y se presupuestaría la correspondiente cuantía, algo que impidió el adelanto electoral.
En su intervención de hoy en la sesión de control de la Cámara Alta, Marlaska ha asegurado que “dentro de la propuesta de presupuestos del Ministerio del Interior ya está fijada dicha iniciativa, que contemplamos en la Ley de Presupuestos”.
Y ha explicado que en este primer ejercicio se contempla un incremento de 25 millones de euros en la partida de indemnizaciones a víctimas del terrorismo, que pasaría de 13 millones a 38 millones, “con lo que podremos hacer frente a los gastos derivados de la equiparación en esas indemnizaciones, y lo seguiremos haciendo en los sucesivos ejercicios presupuestarios. ¿Van ustedes a apoyar esas cuentas?”.
En su respuesta, Caballero ha indicado que “no parece ni justo ni razonable que trate de unir el voto de UPN a lo que es una demanda justa de muchas víctimas que no tienen nada que ver con nuestro partido y que sufren una injusticia desde hace muchos años”.
Además, ha incidido en que la equiparación “es una deuda del Estado, que para otras cosas se ha dado mucha prisa y llega a acuerdos muy fácilmente con EH Bildu que benefician a los presos de ETA, mientras los relativos a las víctimas llegan normalmente más tarde y muchas veces se esfuman por una razón o por otra. Así que lo que es de justicia espero de usted que lo cumpla, independientemente de si nosotros apoyamos sus presupuestos o no”.
Por último, Caballero también ha dicho que “la cuantía de 25 millones para el primer año es un poco escasa, según las cuentas que yo he podido conocer”.
Actualmente, en los casos de víctimas que sí cuentan con sentencia las indemnizaciones son de 750.000 euros para los grandes inválidos y de 500.000 euros para los casos de asesinato, mientras que en aquéllos en los que no la hay son, respectivamente, de 500.000 euros y 250.000 euros.
