La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha detectado en los últimos meses un aumento de personas a las que compañías de luz y gas, de telefonía o entidades financieras están poniendo demandas por supuestas deudas pendientes. Las cuantías pueden ir de 300 a 500 euros, si bien en alguna ocasión supera los mil, y se refieren a supuestas facturas o cuotas que el consumidor no ha pagado.
La mayor parte de estas demandas son monitorios, un proceso por el que el consumidor solo tiene veinte días hábiles para oponerse a la reclamación de deuda. Si no lo hace ni paga la cantidad reclamada en este tiempo, el juzgado entenderá que la deuda es firme y puede abrir un proceso de ejecución forzosa para que sea abonada.
Si, por el contrario, el consumidor se opone a la demanda en los veinte días estipulados, el juzgado trasladará esta oposición a la empresa demandante y dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación por el juicio que corresponda, verbal u ordinario.
Una vez que el consumidor ha presentado escrito de oposición, algunas compañías renuncian a ir a juicio y la reclamación se queda ahí. Si, por el contrario, quieren seguir adelante, el consumidor podrá acudir sin abogado ni procurador siempre que la cantidad reclamada no supere los dos mil euros.
Sólo veinte días para responder
El problema de estos procesos es que, si el consumidor no se mueve con agilidad y hace el escrito de oposición en veinte días, perderá el dinero que le reclaman, sin poder defenderse. Algunos afectados han llegado a reclamar pasado este plazo, cuando ya no había ningún margen de maniobra, y han tenido que pagar la deuda.
Otros, por suerte, sí han acudido a tiempo a Irache, desde donde se les ha ayudado a realizar el escrito de oposición. Como hemos indicado, en algunos casos, una vez enviada la contestación, la empresa no ha querido continuar el proceso y el consumidor no ha tenido que pagar nada. En otras ocasiones, han querido llegar a juicio, al que ha acudido el afectado y ha sido el juez el que ha decidido quién tenía razón.
Cambios de precios, servicios vinculados, financiaciones, tarjetas revolving…
En cuanto a los motivos de las supuestas deudas, en algunos casos se trata de personas a las que les subieron los precios al renovarse el contrato; cuando se dieron cuenta, no quisieron pagar el recibo porque decían que no les habían informado adecuadamente y prefirieron cambiarse a otra compañía.
En otros casos, la supuesta deuda viene de un cambio de empresa en el que la compañía “abandonada” les liquidó todo lo que quedaba por pagar de un servicio vinculado, ya fuese de mantenimiento, urgencias o protección de pagos.
Otras veces, una empresa dio de alta al cliente sin cumplir los requisitos de información y consentimiento. Cuando se dio cuenta, el consumidor volvió a su compañía anterior, pero la otra le exige ahora, años después, el pago por el tiempo que le estuvo suministrando la luz o el gas, un servicio que no fue ofrecido con todas las garantías legales.
También hay consumidores que no pagaron porque consideraban que los recibos no respondían al consumo real de gas que estaban haciendo en la vivienda y, tras reclamar varias veces sin que le diesen solución, optaron por irse a otra empresa sin pagar las cantidades que superaban el consumo real.
Se están viendo igualmente monitorios por financiaciones de todo tipo, desde compras a domicilio a eventos familiares, por la contratación de tarjetas de crédito o ‘revolving’ o por la concesión de créditos rápidos, que además generan una gran deuda al consumidor.
Presión mediante llamadas o ficheros de morosos
No es extraño que las compañías usen diversas vías para intentar cobrar supuestas deudas. Generalmente, primero tratan de hacerlo a través de reclamaciones por escrito, si bien cada vez hacen más uso de mensajes al teléfono móvil del consumidor.
En ocasiones, si no consiguen cobrar, amenazan al consumidor con incluirle en un fichero de morosos, amenaza que en ocasiones cumplen. Si la deuda no se puede demostrar y la inclusión en el fichero no está suficientemente justificada, ya hay sentencias que han establecido indemnizaciones a los afectados por estas inclusiones irregulares. Otras veces las empresas optan por ceder sus deudas a otras entidades especializadas en cobros. De hecho, en ocasiones son estas empresas de cobros las que han interpuesto las demandas, aunque no fueron ellas las que ofrecieron el servicio.
Para poder poner un monitorio la empresa debe haber hecho un requerimiento de pago previo al consumidor y, si ha traspasado la deuda a otra compañía, debe comunicar esta cesión al supuesto deudor.
Algunos pagan sin saber de dónde viene la deuda
En ocasiones, el número de llamadas o el tono agresivo de algunos empleados ejerce una inaceptable presión sobre los consumidores. Algunos de ellos, debido a la situación de ansiedad en la que se ven, prefieren pagar, aunque no tengan claro ni tan siquiera de dónde viene la supuesta deuda.
También se ha dado algún caso de falsa demanda: la empresa (sobre todo empresas de cobros que han comprado la deuda) envía una carta al consumidor en la que se le dice que han interpuesto una demanda y que el consumidor solo puede evitar una multa mayor si paga en unos pocos días la supuesta deuda. En ocasiones, se adjunta una simulación de una demanda, que no es real, pero que asusta a muchos consumidores y hace que paguen aun sin saber si la deuda es real.
Irache recomienda asesorarse de inmediato
Ante cualquier comunicación del juzgado de reclamación de deuda, Irache recomienda buscar asesoramiento de forma inmediata para no superar los plazos de respuesta, poder oponerse a tiempo y no tener que pagar deudas que no corresponden.
