La reciente propuesta del PSOE para restringir la acusación popular, impidiendo que partidos y asociaciones puedan ejercer este derecho, ha generado un intenso debate en el panorama político y jurídico español. Los socialistas afirman que la medida podría justificarse con argumentos de eficacia procesal o para evitar abusos. Sin embargo, el trasfondo político y las multitudinarias contradicciones en el discurso de Pedro Sánchez colocan esta iniciativa en el centro de la polémica.
La acusación popular, consagrada en el artículo 125 de la Constitución Española, ha sido históricamente una herramienta clave para la participación ciudadana en la administración de justicia. Ha permitido destapar grandes casos de corrupción y abusos de poder, especialmente en aquellos en los que los órganos encargados de actuar —como el Ministerio Fiscal— no han tomado la iniciativa o han actuado con tibieza. Ejemplos como los casos Gürtel, Bárcenas o incluso el caso Nóos son testimonio del papel crucial que ha desempeñado la acusación popular. También en casos asociados al terrorismo o casos de tráficos de influencias.
La intención del PSOE de limitarla se presenta como un golpe a este pilar democrático, bajo el pretexto de evitar su "politización". Sin embargo, el argumento cae en una paradoja evidente: la politización no desaparece eliminando a partidos y asociaciones como actores, sino garantizando su ejercicio responsable. Prohibirlos, en cambio, podría interpretarse como un blindaje del poder político frente a la fiscalización de los ciudadanos organizados. Sobre todo si tenemos en cuenta que los jueces investigan y después, si es lo correcto, condenan.
Pedro Sánchez ha construido buena parte de su narrativa política en torno a la defensa de valores democráticos y progresistas. En su discurso, menciona repetidamente su compromiso con la transparencia, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, esta propuesta es una bomba (una más) a la línea de flotación de todo ese discurso y, por tanto, a los pilares de nuestra democracia.
En 2015, el propio Sánchez defendió públicamente la importancia de la acusación popular, poniéndola como ejemplo de un sistema que debía protegerse frente a los intentos del Partido Popular por limitarla. Ahora, con esta nueva medida, parece olvidar esas declaraciones, sumando una contradicción más a una lista que incluye cambios de posición en temas como los pactos con independentistas, la reforma del delito de sedición o la amnistía. Bueno, cambios de posición para él. Yo lo llamo mentiras.
El problema no radica únicamente en los supuestos cambios de opinión, sino en la falta de explicaciones sólidas que justifiquen estos giros. Cada vez es más difícil distinguir si estas decisiones responden a convicciones reales o a cálculos políticos para mantenerse en el poder. De hecho, es imposible.
Más allá de las críticas desde la oposición, esta medida también ha generado inquietud entre juristas y organizaciones de la sociedad civil. La Fundación Civio, por ejemplo, ha advertido de que limitar la acusación popular podría debilitar la rendición de cuentas de los políticos y grandes corporaciones, dejando a los ciudadanos sin una herramienta fundamental para vigilar a los poderes del Estado. También lo han hecho todas las asociaciones de la judicatura. Sí, todas.
Desde un punto de vista político, el PSOE podría estar cavando un agujero para su propia credibilidad. Uno más. Al intentar reducir la participación ciudadana en los procesos judiciales, arriesga ser percibido como un partido que prefiere centralizar el control en lugar de fomentar la transparencia y el equilibrio de poderes. Ese equilibrio de poderes que Sánchez ya ha dinamitado colocando afines en la dirección de los contrapoderes tan necesarios en un estado democrático.
La propuesta del PSOE para limitar la acusación popular es, en esencia, un intento de restringir un derecho fundamental que ha fortalecido la democracia española durante décadas. Lejos de solucionar los problemas de politización que menciona, corre el riesgo de reducir la capacidad de control ciudadano sobre los abusos de poder, que cada vez son más.
En cuanto a Pedro Sánchez, esta medida no sólo pone de manifiesto una nueva incoherencia en su discurso, sino que debilita su imagen como defensor de la transparencia. Si el objetivo es consolidar un sistema más democrático, la respuesta no es menos participación ciudadana, sino más garantías para un uso justo y equilibrado de los derechos existentes.
El problema es que el objetivo de esta medida no es toda esa película que cito. Los objetivos son los juicios abiertos en los que se investigan posibles hechos delictivos de su mujer, su hermano, su ex número 2 en el PSOE y ministro, el Fiscal General del Estado o la posible financiación ilegal del PSOE.
Si éstos son inocentes y no pueden existir pruebas de lo contrario… ¿a qué temen?
