La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha anunciado este jueves en el Parlamento de Navarra que el Ejecutivo llevará a cabo una reforma de la Ley de Renta Garantizada. Este anuncio llega un día después de que la Cámara de Comptos pidiera, a través de un informe especial solicitado por el PPN, un mayor control sobre esta prestación básica.
Durante su intervención en una interpelación planteada por el grupo socialista, Maeztu explicó que esta reforma se fundamentará en los aprendizajes obtenidos durante los últimos años y en la experiencia acumulada en la gestión de esta prestación. «Nuestro objetivo es proteger a las personas, dar cobertura a quien más lo necesita, pero sobre todo, acompañar y ofrecer herramientas que les permitan tener un futuro mejor», afirmó.
Entre las principales propuestas de reforma destacan la gestión integrada de servicios sociales y empleo: «Queremos garantizar una intervención conjunta desde el inicio para las personas en disposición de trabajar, aprovechando los aprendizajes de proyectos» realizados, explicó Maeztu. También abogó por la simplificación de trámites y procedimientos. Al respecto, la consejera subrayó la necesidad de «mejorar los procesos de tramitación de la prestación, reforzar el acompañamiento social y laboral, y priorizar la intervención temprana para incentivar el empleo».
En lo relativo a la armonización con el Ingreso Mínimo Vital (IMV): Maeztu destacó que la reforma buscará coherencia entre esta prestación estatal y la renta garantizada navarra, ya que ambas son complementarias, aunque con requisitos distintos.
Junto a ello, ha anunciado que la reforma supondrá el fortalecimiento del trabajo profesional: «Es fundamental que los profesionales dispongan del tiempo suficiente para acompañar a las personas, ayudándolas a salir de las situaciones de pobreza y exclusión social», afirmó. La consejera también resaltó que Navarra es la comunidad que más ha avanzado en la integración de servicios sociales y empleo, con iniciativas que promueven la inclusión laboral y social. «Sabemos que la inclusión no solo depende de la renta garantizada, sino de políticas públicas en salud, vivienda y educación, en las que este gobierno está firmemente comprometido», agregó.
Maeztu recordó que la modificación de la ley forma parte del compromiso adquirido en el acuerdo programático del Gobierno y adelantó que esta se está diseñando de manera participada. «Todo lo que planteamos está basado en el conocimiento, en evaluaciones rigurosas y en la experiencia acumulada. Queremos consolidar lo que ya funciona bien y mejorar lo que sea necesario», concluyó.
La reforma, según Maeztu, se enmarca en el Plan Estratégico de Inclusión Social de Navarra y tiene como meta reforzar la capacidad del sistema para responder a las necesidades de las personas más vulnerables, facilitando su inclusión social y laboral.
En respuesta a una interpelación formulada por el PSN en el Pleno parlamentario de este jueves, Maeztu ha explicado que "en las próximas semanas vamos a establecer un calendario de reuniones con todos los grupos parlamentarios para presentar con detalle el contenido de la modificación que planteamos». "Estableceremos los primeros contactos con los grupos que sustentan el Gobierno para, teniendo en cuenta lo recogido sobre esta cuestión en el acuerdo programático, plantear la reforma que defendemos. Después nos reuniremos con nuestro socio presupuestario y, finalmente, también presentaremos esta propuesta al resto de los grupos políticos de esta Cámara», ha dicho.
La propuesta del Gobierno, ha señalado Maeztu, «busca acompañar mejor a las personas perceptoras, acompasar mejor su acceso al empleo cuando sea posible y acomodarse también mejor a la convivencia con el ingreso mínimo vital». Se pretende, además, «reducir burocracia y papeleo y dejar que los profesionales tengan mayor tiempo para acompañar a las personas».
La consejera también ha hecho referencia al informe que la Cámara de Comptos dio a conocer ayer miércoles, «sobre el que ya he solicitado la comparecencia para dar todas las explicaciones». «El Gobierno siempre tiene en cuenta y valora cualquier informe de fiscalización que realice la Cámara de Comptos y que tiene en consideración sus recomendaciones», ha dicho, si bien ha añadido que «no podemos hacer una lectura catastrofista, como ya estamos viendo que la están haciendo algunos grupos de esta Cámara, porque hay mucho trabajo que se hace y muchas cosas que funcionan bien».
Por todo ello, Maeztu ha esperado «contar con el apoyo suficiente» para sacar esta reforma adelante y "con el mayor consenso político de todos los grupos políticos». Tras subrayar que «plantear una modificación no es reconocer que no funcionan las cosas» sino que «es querer avanzar, es querer mejora», ha esperado "que todos seamos capaces de superar posturas meramente políticas, posiciones inmovilistas y que seamos capaces de pensar en el bien común».
Los grupos
Olga Chueca (PSN) ha mencionado el informe realizado por la Cámara de Comptos, «en el que se indican las debilidades de una gestión compleja por la existencia de dos prestaciones, la renta garantizada y el ingreso mínimo vital, con el mismo objetivo pero con diferentes regulaciones». «Tanto la presidenta -de Navarra, María Chivite- como Comptos coinciden en unificar ambas prestaciones», ha indicado, tras apostar por «revisar la eficacia y la efectividad de las acciones de nuestro sistema de protección social».
Raquel Garbayo (UPN), ha respondido al PSN que el informe de Comptos «lo puede adornar como quiera, si quiere le puede poner un lazo, pero la realidad es muy tozuda». «Ha tenido que venir la Cámara de Comptos a darles un tirón de orejas y decirles lo que desde UPN venimos diciéndoles desde hace muchísimos años, y es que este modelo de renta garantizada no funciona. No solo que no funciona, sino que su gestión ha sido nefasta, tiene una alarmante falta de control de las prestaciones por parte de su departamento», ha subrayado.
Javier Arza (EH Bildu) ha señalado que la Renta Garantizada «es una muy buena inversión porque alivia la situación de aproximadamente el 5% de nuestra población». «No vamos a apoyar ningún cambio de modelo que suponga debilitar la capacidad protectora de la renta garantizada, porque eso es lo que pretenden las derechas», ha subrayado. Tras añadir que «por supuesto que hay mucho por mejorar», ha mostrado su «disposición a reducir la burocracia en la gestión» o «a mejorar la compatibilidad entre las distintas prestaciones», entre otros aspectos.
Isabel Aranburu (Geroa Bai) ha considerado que «es imprescindible el buen control» de la Renta Garantizada, «como de todo el dinero público», pero ha advertido que Geroa Bai «no estará en ningún planteamiento de endurecer los requisitos de acceso o de restringir la prestación, ni por acompasarla al IMV, ni por reducir la carga administrativa a los servicios sociales de base o simplificar más la tramitación». «Estará en lo que significa aumentar su capacidad de protección y hacer más efectivo el acceso a los derechos que esta ley reconoce», ha dicho.
Maribel García Malo (PPN) ha apuntado que «desde el Gobierno hay que revisar en profundidad esta política de rentas mínimas e inclusión social». «No queda otra después del informe y los resultados del informe de la Cámara de Comptos. Es necesaria una política integral que supere el enfoque basado únicamente en subsidios, que está demostrando que lejos de ser una solución y de erradicar la pobreza, la está aumentando y cronificando», ha apuntado.
Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha remarcado que «no somos ningunos ingenuos y sabemos que todas las políticas concretas tienen margen de mejora técnica y de gestión». «El informe de la Cámara de Comptos publicado ayer nos indica alguna cuestión interesante sobre la cual se puede trabajar para mejorar este modelo. Nosotros y nosotras seguimos defendiendo que la propuesta de esta coalición es la de fortalecer, consensuar y ampliar estas políticas de derechos sociales. No vamos a estigmatizar, ni mucho menos a los perceptores», ha reivindicado.
Emilio Jiménez (Vox) ha manifestado que «está clarísimo que el espíritu y objeto de la ley ha fracasado» y que «la parte de la inclusión social no se consigue». A su juicio, el informe de Comptos es «demoledor». «¿Qué resumen podemos hacer? Descontrol y desidia, señora presidenta. Ineficacia, despilfarro, inutilidad. Y el problema no es que sean ustedes inútiles, es el perjuicio que ocasionan a los navarros», ha comentado.
