Las asociaciones memorialistas han registrado este lunes en el Parlamento de Navarra una solicitud para que no se tramite por vía de urgencia la proposición de ley sobre el Monumento a Los Caídos, presentada por PSN, EH Bildu y Geroa Bai. Consideran que esta vía es contraria a los principios democráticos de participación ciudadana y vulnera los derechos de las víctimas del franquismo, a quienes no se ha dado voz en el proceso.
En su escrito, las asociaciones exigen una moratoria y la apertura de un proceso de debate ciudadano sobre el futuro del monumento, en línea con la legislación de Memoria Democrática. Recuerdan que los partidos que sustentan el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona han defendido la necesidad de consenso y debate social, algo que también está recogido en sus acuerdos programáticos.
Desde la aprobación de la Ley Foral 33/2013, que reconoce y repara a las víctimas del franquismo en Navarra, los colectivos memorialistas han reclamado la adopción de medidas para eliminar del espacio público el Monumento a Los Caídos. En 2024, han intensificado su reivindicación, subrayando que su permanencia supone una ofensa a la dignidad de las víctimas y que su derribo es la opción que mejor respeta los derechos humanos.
Las asociaciones también recuerdan que en una sesión de trabajo de la Comisión de Memoria del Parlamento, los partidos progresistas se comprometieron a buscar un consenso con la participación de las víctimas, sus asociaciones y la ciudadanía. Además, destacan que es habitual que agentes sociales afectados comparezcan en los trámites parlamentarios, como ha ocurrido en más de 150 procesos participativos abiertos en Navarra, según datos del Gobierno foral.
Asimismo, mencionan que Navarra ha sido recientemente reconocida por la Open Government Partnership (OGP)como un referente internacional en Gobierno Abierto. En este sentido, sostienen que impulsar la ley por lectura única y vía de urgencia, sin escuchar a las víctimas ni abrir un debate ciudadano, contradice este reconocimiento y supone una revíctimización de quienes sufrieron la represión franquista.
Para las asociaciones, la aceleración del proceso legislativo es una "huida hacia adelante" de los grupos proponentes, que, conscientes de la falta de apoyo de las víctimas y del escaso respaldo social a la resignificación del monumento, buscan aprobar la ley sin un debate real.
Por ello, reclaman la paralización de la tramitación y la apertura de un proceso de participación abierto, con charlas, mesas redondas y debates en los que todas las partes puedan exponer sus argumentos. «Los proponentes deben elegir entre la fuerza de la razón y los derechos humanos o la imposición de su criterio», concluyen en su escrito.
