Varios colectivos sociales han denunciado este jueves en Pamplona la situación de desprotección que atraviesan cuatro familias con menores a cargo, actualmente en riesgo de quedarse en la calle, y han señalado directamente al Gobierno de Navarra como «responsable último» de garantizar el derecho al alojamiento y a la protección social de quienes carecen de un hogar.
A las puertas del Departamento de Derechos Sociales, representantes de entidades como Haritu, el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, Dar Etxea, Salhaketa Nafarroa o SOS Racismo Nafarroa, entre otros, han visibilizado lo que definen como un «laberinto burocrático» que, lejos de ofrecer soluciones, somete a las familias a un proceso de desgaste emocional y administrativo que agrava su situación de vulnerabilidad. Según han explicado, estas familias, con diferentes trayectorias migratorias, han ido encadenando alojamientos temporales en hoteles, en estancias que deben ser renovadas cada pocos días, sin información clara sobre sus derechos ni opciones reales de acceso a recursos estables.
«En lugar de garantizar su protección, el sistema las expulsa, cuestiona sus motivos de llegada y las hace responsables de su propia precariedad», han señalado los colectivos denunciantes, que han alertado además de que, en algún caso, se ha llegado a amenazar a las familias con la retirada de la custodia de los menores si la situación de falta de vivienda persiste. «Nos parece absolutamente grave e inaceptable. Antes de llegar a ese extremo, las Administraciones tienen la obligación de activar medidas para reparar las situaciones de precariedad o falta de vivienda», han subrayado.
Los colectivos que han acompañado a estas familias durante las últimas semanas han documentado diversas irregularidades en el proceso, como la desatención en Unidades de Barrio a familias ya empadronadas, el impedimento de que personas de confianza las acompañen en las citas o la firma de documentos sin validez oficial, presentados como autorizaciones obligatorias. A todo ello se suma, denuncian, «una absoluta falta de información clara y veraz sobre el acceso a derechos y recursos».
Para estas entidades, la situación de estas cuatro familias es solo un reflejo de una problemática estructural mucho más amplia, que afecta a numerosas personas en Navarra, especialmente migrantes, a quienes la Ley de Extranjería condena a largos periodos de irregularidad administrativa, impidiéndoles acceder a un empleo y a una vivienda digna. «Nuestro sistema de protección social prefiere seguir culpando a las personas de su pobreza o falta de vivienda y, de paso, responsabilizar a los colectivos que las acompañan», han lamentado.
En este sentido, han recordado que el propio Defensor del Pueblo de Navarra, en una resolución emitida en marzo de 2023, ya instó al Gobierno foral a garantizar el derecho al alojamiento y la manutención de todas las personas que se encuentran sin hogar. «Todas las Administraciones, con el Gobierno de Navarra a la cabeza, tienen la obligación y la responsabilidad de blindar y fortalecer un sistema de protección social que no deje a nadie atrás», han concluido.
Las entidades firmantes han exigido medidas urgentes para garantizar el acceso inmediato a un alojamiento digno y estable para estas familias y para todas aquellas personas que enfrentan, de forma invisible, condiciones de precariedad y exclusión en Navarra.
