La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado una sentencia de 400 páginas que condena a 26 implicados en el transporte de un cargamento masivo de cocaína. El alijo fue interceptado en abril de 2020 a bordo del buque MV Karar, interceptado en aguas internacionales tras zarpar de Panamá. La droga incautada, con una pureza del 77,6 %, habría alcanzado un valor de 146,3 millones de euros en el mercado ilícito.
Penas para la cúpula y el funcionario de Aduanas
Al cabecilla de la red se le han impuesto 13 años de prisión y una multa que asciende a 721.546.750 euros. El tribunal lo considera autor de un delito de tráfico de drogas de extraordinaria gravedad, contrabando e integración en grupo criminal. Otros siete miembros clave de la organización han recibido penas de entre diez y once años de cárcel.
Uno de los puntos más destacados del fallo es la condena a un funcionario de Aduanas destinado en Vilagarcía de Arousa. El tribunal le ha impuesto once años y medio de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, tras acreditarse que utilizó su posición para lucrarse con el narcotráfico, aflorando casi medio millón de euros en el mercado lícito.
El papel de la tripulación y la logística
Los 14 tripulantes del barco y el ciudadano español que ejercía como "notario" de la mercancía han sido condenados a seis años de cárcel. Al tratarse de ciudadanos extranjeros que han agotado el tiempo de prisión preventiva, la Sala ha acordado sustituir el resto de la pena por su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante cinco años.
La sentencia detalla que la organización disponía de una compleja infraestructura que incluía:
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Lanchas rápidas acondicionadas para el alijo en alta mar.
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Naves industriales en régimen de alquiler para la ocultación de la sustancia.
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Uso de embarcaciones de género prohibido para trasladar la droga desde el buque nodriza hasta tierra firme.
Intento de entrada por el puerto de Vigo
La investigación probó que el destino inicial del MV Karar era el puerto de Vigo, pero ante el rechazo del atraque por falta de justificación, la red planificó la descarga mediante lanchas en coordenadas determinadas frente a la costa de Colombia. El tribunal subraya que la actividad fundamental del grupo era el transporte, ocultación y posterior comercialización de estupefacientes a gran escala. Esta resolución no es firme y puede ser recurrida ante el TSXG.
