Pamplona se ha quedado desde la medianoche del pasado viernes sin su popular servicio de bicicletas eléctricas, operado por Ride On, que registraba 93.000 usuarios y más de 3.000 viajes diarios con una valoración media de 4,5 sobre 5.
Tal y como anunció una semana antes, la empresa pamplonesa notificó la suspensión por "situación insostenible" debido a la retención de pagos por parte del Ayuntamiento desde septiembre de 2025. Ahora, las estaciones permanecen inoperativas, la app alerta de la interrupción y no se pueden iniciar trayectos ni formalizar altas, afectando a miles de desplazamientos diarios en una red de 62 bases y más de 500 bicicletas.
El conflicto estalló en abril, ante la situacion de la empresa que veía como sus peticiones de reequilibrio no eran escuchadas por parte del consistorio en un servicio que el Ayuntamiento publicitaba como municipal, aunque la deuda la afrontaba en solitario el concesionario. Tas un primer amago de cierre en abril, se llegó rápidamente a un acuerdo satisfactorio para ambas partes en las que el Ayuntamiento acordaba por un lado compensar pérdidas a Ride On a cambio de continuidad hasta 2029 o nueva licitación, asumiendo el stock de bicis y bases.
Sin embargo, la empresa denuncia que lleva desde septiembre sin cobrar lo pactado, y la segunda parte del acuerdo, la de la compra por unos 800.000 euros del stock para poder ampliar el servicio hasta la comarca de Pamplona, tampoco ha llegado a buen puerto. En las últimas semanas, y ante los problemas de liquidez de la empresa, el servicio se ha resentido, afectando al mantenimiento, así como la disponibilidad de bicicletas en las bases, etc.
Mientras, ahora sabemos que durante este tiempo el equipo de Gobierno ha ido preparando la licitación del nuevo contrato, una situación que grupos de la oposición como UPN y PPN han calificado de "oscurantismo" y falta de transparencia. El contrato podría alcanzar un gasto de 10 millones en diez años, a un milón anual, justo la cantidad que podría haber encima de la mesa a Ride On para poner en marcha el servicio municipalizando el sistema.
Un acuerdo in extremis: la 'última bala' para salvar el servicio
De momento no hay acuerdo entre ambas partes, y mientras Asiron hablaba el viernes de que el consistorio ha hecho una última oferta que califica de "generosa" para mantener el servicio hasta que la nueva empresa adjudicataria se haga cargo de este sistema de movilidad, la empresa no la ha aceptado ya que no cumple con su necesidad de financiación. Así las cosas, a principios de esta esta semana, tendrá que concretarse si se llega a un pacto in extremis para salvar este servicio y no dejar tirados a los miles de usuarios, aunque Ride On ya ha dejado claro que "no le vale cualquier acuerdo" sino uno que garantice durante este tiempo el buen funcionamiento del servicio y de la liquidez de la empresa, manteniendo los puestos de trabajo que ahora están en riesgo.
Además, el asunto podría acabar en una batalla legal en la que ambas partes pueden perder mucho. Por un lado el consistorio que podria tener que devolver 1,03 millones de euros en el caso de que la UE le reclame por incumplimiento de la subvención para la colocación de las nuevas bases, que deberán retirarse con la nueva empresa. El Ayuntamiento afirma que hizo una consulta a la UE y que esto no sucederá, aunque si todo acaba en ruptura quizá si que haya devolver alguna cantidad al no llegarse al tiempo mínimo previsto de funcionamiento de las bases compradas con los fondos (se hablaba de diciembre de 2026). Ride On se enfrentará a una demanda del consistorio, que pedirá su concurso de acreedores y que anuncia que intentará convertirse en acreedor principal al asumir la previsible deuda en saldo de usuarios que cifra en unos 300.000 euros. Y todo apunta que Ride On también demandará al consistorio por incumplimiento del acuerdo y por enriquecimiento injusto al asumir un servicio que dice ser municipal sin pagar nada a cambio.
Fuentes municipales descartan por ahora el reintegro, priorizando una transición ordenada, pero la oposición (UPN, PP) critica la gestión y el PSN propone un modelo comarcal público.
Mientras se negocia a contrarreloj, el primer fin de semana sin bicis eléctricas deja a la ciudad sin una opción clave de movilidad verde, con el reloj corriendo para evitar sanciones europeas y un final en los juzgados.
Mancomunidad entra en escena
Y un tercer actor aparece en escena para complicar aún más el asunto. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha irrumpido en el debate para pedir su participación en la redacción de los pliegos del nuevo contrato, y así el presidente del ente mancomunado, David Campión, en la Cadena SER ha hablado incluso de la “presencia de técnicos de la Mancomunidad en la redacción de los pliegos, su incorporación a la mesa de contratación o la colaboración directa con el equipo municipal encargado del proceso”.
Hay que recordar en este punto que Mancomunidad no es nueva en este campo. En su día, el ente mancomunado encargó un estudio a EMT aportando datos sobre Pamplona, en relación a las posiblidades de comarcalización del servicio. La EMT (empresa municipal de transportes de Madrid) ya tiene experiencia en servicios de bicicletas, con Bicimad, en una alianza con la gigante canadiense PBSC para el servicio de Madrid.
La canadiense que aporta bicicletas y tecnología de servicio, por su parte trabaja en varios puntos de España y de Europa no solo con operadores como la EMT, sino en algunos caso con viejos conocidos de Mancomunidad, como Moventis (filial de Moventia, la concesionaria del TUC). PBSC también mantiene alianzas con otro gigante, Urbaser, en servicios como el Dbizi, de San Sebastián, aunque la casuística es variada.
