El juicio contra un ex profesor de Secundaria en el IES de Zizur, acusado de una amplia batería de delitos contra la intimidad con penas que sumarían más de 180 años de prisión, ha comenzado en la Audiencia Provincial de Navarra s después de que no prosperara ninguna conformidad con la petición de la Fiscalía. El Ministerio Público interesa la apertura de juicio oral y formula una acusación que, sumando los distintos delitos imputados, se traduce en una petición de más de 180 años de prisión, además de inhabilitaciones, multas e indemnizaciones para las víctimas.
Según el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa al docente de haber aprovechado tanto su condición de vecino como de cliente de comercios y de profesor de instituto para vulnerar de manera sistemática la intimidad de al menos una veintena de mujeres y menores, mediante grabaciones clandestinas y el acceso no autorizado a sus cuentas de correo y redes sociales. El Ministerio Público sostiene que el acusado actuó movido por una finalidad sexual y describe una conducta reiterada y organizada en el tiempo.
Grabaciones a una vecina y a otra menor desde su domicilio
El relato acusatorio sitúa el origen de la causa en julio de 2023, cuando el acusado habría utilizado un dispositivo de grabación atado a una cuerda para filmar a su vecina dentro de su dormitorio en Ansoáin, captando escenas de su vida cotidiana en pijama, ropa interior o tras salir de la ducha. La Fiscalía sostiene que las grabaciones se prolongaron al menos durante seis días de septiembre y siete días de octubre de 2023, hasta que la mujer detectó la cámara descolgándose desde el piso superior y dio la voz de alarma.
Tras un dispositivo de la Policía Municipal, el 18 de octubre se comprobó una nueva grabación y el acusado fue detenido, interviniéndose un ordenador portátil, un teléfono móvil y el dispositivo de grabación con tarjeta de memoria, en el que se hallaron 16 vídeos de la vecina. La mujer sufrió un cuadro de ansiedad y un trastorno de estrés postraumático con afectación en su vida personal, laboral y social, por lo que la Fiscalía le reconoce la condición de víctima directa de un delito continuado contra la intimidad.
El escrito añade que, con idéntica finalidad, el procesado habría captado de forma clandestina imágenes de otra vecina de 13 años, desde el patio interior, almacenando en su móvil 74 fotografías tomadas desde la ventana cuando la menor se encontraba en su habitación.
Cámaras ocultas en probadores de Kiabi y Decathlon
La acusación pública sostiene además que el docente se desplazó a varios establecimientos comerciales de Pamplona y su comarca, donde colocó cámaras ocultas o grabó desde abajo a mujeres mientras se cambiaban de ropa en los probadores. En concreto, se atribuyen grabaciones en probadores de la tienda Kiabi de La Morea, el 12 de junio de 2023, captando a las víctimas en ropa interior y sin sujetador.
La Fiscalía describe hechos similares el 14 de junio en un probador de Decathlon, donde el acusado habría filmado el torso desnudo de una mujer, y el 1 de julio y el 23 de julio, de nuevo en Kiabi, registrando nalgas y pechos de otras dos mujeres mientras se probaban prendas de baño. En los dispositivos incautados se localizaron los vídeos de todas ellas, así como otras grabaciones de clientas no identificadas, lo que refuerza la existencia de un patrón de conducta, según el Ministerio Público.
Cámara en el baño de profesores y acceso a cuentas de alumnas
El escrito de acusación subraya la especial gravedad de los hechos cometidos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Zizur BHI, donde el procesado trabajaba como profesor. La Fiscalía le atribuye haber colocado, el 2 de mayo de 2023, una cámara en el baño de profesores de la segunda planta, de acceso restringido, con el fin de grabar a docentes cuando hacían uso privado del inodoro.
De esa forma, habría captado imágenes de una profesora —que sufrió un ataque de ansiedad al ver los fotogramas—, así como de otros tres docentes, recogiendo planos de sus nalgas y otros detalles íntimos. Para estos hechos, el Ministerio Público formula cuatro delitos contra la intimidad, al entender que el acusado vulneró de forma especialmente intensa la expectativa de privacidad de sus compañeros.
Asimismo, la Fiscalía describe un segundo bloque delictivo vinculado al acceso ilícito a cuentas de correo y redes sociales de alumnas menores de edad, tanto en Zizur como en otros centros donde el acusado impartió clase. Aprovechando los datos personales a los que tenía acceso como docente, se habría apoderado de contraseñas y credenciales de Instagram, Snapchat, TikTok y correos electrónicos de varias adolescentes, descargando y conservando fotos privadas en bikini, ropa interior e incluso desnudas, en algunos casos modificadas mediante inteligencia artificial para representar a las menores completamente desnudas.
Entre las víctimas hay exalumnas que vieron vulnerada su intimidad digital sin que conste que los archivos se difundieran a terceros, aunque sí fueron copiados y almacenados por el acusado, según el análisis del iPhone intervenido. La Fiscalía entiende que estos hechos integran varios delitos contra la intimidad, con el agravante de minoría de edad y el uso de datos a los que accedió por su condición de profesor.
Calificación penal, responsabilidad civil y posible atenuación
En el apartado jurídico, la Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos respecto a la vecina, un delito continuado de la misma naturaleza agravado por minoría de edad en el caso de Águeda y múltiples delitos individuales contra la intimidad por las grabaciones en probadores, el baño de profesores y el acceso a los perfiles digitales de las alumnas. En varios supuestos se aprecia la concurrencia de agravantes específicas previstas en el artículo 197 del Código Penal por la condición de menores y por la utilización de datos personales a los que el acusado accedió en su calidad de docente.
El escrito interesará para cada una de las víctimas penas de prisión, prohibiciones de aproximación y comunicación, así como indemnizaciones por daños morales, en especial para quienes han desarrollado cuadros de ansiedad, estrés postraumático y afectaciones en su vida personal, laboral y social. La acusación recoge que el acusado está diagnosticado de un trastorno del control de los impulsos en la esfera sexual, centrado en la observación de la vida de los demás, que afecta de forma leve o moderada a sus capacidades intelectivas y volitivas, extremo que podría tenerse en cuenta a efectos de una eventual atenuante analógica sin excluir la responsabilidad penal.
Con el inicio del juicio sin acuerdo previo, será ahora el tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra el que, a la vista de la prueba practicada en sala, decida si asume íntegramente la tesis de la Fiscalía, que dibuja un abuso sistemático de la posición de vecino, cliente y profesor para vulnerar la intimidad de mujeres y menores, o si modula la gravedad de los hechos y las penas solicitadas.
