La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha valorado como “positivo” el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Iglesia en relación con los casos de pederastia, al tiempo que ha avanzado nuevas medidas económicas ante el impacto de la guerra en Irán.
A preguntas de los periodistas este martes, Chivite ha señalado que, “tal y como han valorado las asociaciones de víctimas, me parece un acuerdo positivo”. Aunque ha reconocido que llega tarde, ha añadido que “bien está lo que bien acaba”. En este sentido, ha recordado que Navarra “ya llevaba una trayectoria desde la legislatura pasada trabajando en este ámbito”, y ha subrayado que contar con un marco para reconocer los abusos “es algo positivo en ese paso que la Iglesia debía dar”.
Respecto a la situación económica derivada del conflicto internacional, la presidenta ha confirmado que el Gobierno foral aprobará este miércoles un paquete de medidas, cuyos detalles dará a conocer el consejero de Hacienda tras la sesión. No obstante, ha advertido de que no serán las únicas iniciativas. “Vamos a seguir monitorizando la situación”, ha explicado, apuntando a futuras medidas que se negociarán con los socios de Gobierno.
Entre ellas, Chivite no ha descartado la posibilidad de abordar una deflactación del IRPF. “Dependerá de cómo evolucionen estas cuestiones y de cómo nos afecte el incremento de los precios”, ha indicado, situando este debate en el marco de la mesa de fiscalidad prevista para el próximo año.
En cuanto al reparto del superávit de 2024, la presidenta ha señalado que no habrá decisiones este miércoles, aunque ha apuntado a mediados de mes como posible horizonte. “Hay bastante coincidencia en las peticiones”, ha afirmado, si bien ha precisado que será necesario ajustar las inversiones a los recursos disponibles, teniendo en cuenta también futuros excedentes.
Finalmente, Chivite ha destacado la próxima actualización del marco normativo sanitario como “un compromiso político de primer orden”. Ha recordado que la actual ley data de mediados de los años noventa y ha defendido que su renovación permitirá impulsar “los cambios que nuestro sistema sanitario necesita”, abriendo la puerta a posteriores desarrollos normativos.
