Alberto Bayona, exgerente de Nasuvinsa y pieza clave en la adjudicación de las 46 VPO de Ripagaina, compareció este martes en el Parlamento de Navarra con un mensaje nítido: no vio corrupción, no detectó injerencias políticas y sostiene que, pese a las lagunas documentales, el expediente tuvo una “trazabilidad” suficiente para defender su legalidad. Su intervención, sin embargo, dejó una imagen menos sólida de la que pretendía transmitir: reconoció irregularidades, admitió que faltan actas esenciales y no pudo recordar con precisión debates internos ni decisiones concretas de la mesa de contratación.
Un expediente bajo la lupa
La comisión situó desde el inicio el foco en la adjudicación de 2018 a Servinabar, la empresa vinculada a Antxón Alonso y a la trama de presuntas mordidas que investiga también la causa de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Bayona insistió en que no tuvo relación contractual, laboral ni profesional con Servinabar ni con Alonso antes de la adjudicación, y negó igualmente conocer a Cerdán. También rechazó que hubiera ninguna presión política o empresarial sobre la licitación.
La sombra de las actas
El punto más delicado de su comparecencia fue la ausencia de actas de la mesa de contratación y de parte de la documentación administrativa del expediente. Bayona asumió que esa falta es “una irregularidad”, pero la atribuyó al paso del tiempo y a un problema de custodia documental, no a una quiebra del procedimiento. Aun así, reconoció que no recuerda si se levantaron o no actas, ni si hubo deliberación formal sobre la exclusión de empresas licitadoras, pese a que esa cuestión fue central en el debate de la comisión.
La defensa del procedimiento
El exgerente sostuvo que la licitación siguió una secuencia que, a su juicio, acredita la legalidad del proceso: publicación de la convocatoria, presentación de ofertas, puntuaciones técnicas, apertura de sobres, notificación a licitadores y adjudicación final. Desde esa lógica, defendió que la ausencia de ciertos documentos no invalida por sí sola el expediente y que no aprecia indicios de colusión ni de corrupción. Para Bayona, la mesa interpretó que en la oferta de Servinabar no había una conducta inusual, sino un error en la referencia económica, y por eso no activó un rechazo por posible práctica colusoria.
El choque con la Oficina Anticorrupción
Su relato chocó de frente con el de la OANA, que en su informe habla de irregularidades flagrantes, ausencia de tramitación esencial y falta de constancia de la motivación para no excluir a licitadoras.
Bayona, sin embargo, se alineó con la tesis de que el expediente no puede leerse como un caso de corrupción, sino como una licitación con defectos de archivo y con criterios jurídicos discutidos entre las instituciones públicas implicadas. También defendió que la decisión de incluir determinadas mejoras —como cocinas o mamparas— respondió a un cambio de criterio de Nasuvinsa en 2019, no a un fallo de la adjudicataria.
El vínculo posterior con Alonso
La comparecencia dejó además una derivada incómoda para Bayona: admitió que, tras dejar Nasuvinsa, analizó parcelas para Alonso en el marco de su nueva actividad profesional, aunque negó haber cobrado honorarios por ese trabajo. Explicó que el contacto se produjo tras un encuentro casual y que no hubo relación laboral, contractual ni de prestación de servicios con Servinabar.
Frente a las insinuaciones publicadas por algunos medios sobre una supuesta vinculación profesional estrecha, lo negó “todo absolutamente”.
