Rubén Goñi, ex director gerente del Instituto Navarro de la Juventud y el Deporte entre 2015 y 2019, defendió este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la adjudicación de las obras de acondicionamiento de las oficinas del Navarra Arena a la UTE formada por Acciona y Servinabar se tramitó “con absoluta normalidad” y sin irregularidades invalidantes, según quedó recogido en los informes citados durante la comparecencia. La sesión se centró tanto en el procedimiento de contratación como en las relaciones en la UTE conformada por Acciona y la empresa Servinabar, vinculada por la UCO al caso Koldo-Ábalos-Cerdán.
Goñi sostuvo que él no formó parte de la mesa de contratación y que se limitó a firmar la resolución tras recibir la propuesta técnica y jurídica. “A mí hasta que no me llegan los informes no ni ni ni preguntaban ni nada”, afirmó, insistiendo en que su papel fue “seguir procedimientos” y actuar con el respaldo de los informes del expediente. También subrayó que no recibió indicaciones sobre posibles anomalías: “No me trasladaron”, respondió al ser preguntado por si había detectado irregularidades en el proceso.
El contexto del Navarra Arena
Durante su intervención, Goñi situó la decisión de reactivar las obras en 2017 como una prioridad política y económica tras años de paralización. Recordó que el recinto llevaba tiempo sin uso, con un coste de mantenimiento que obligaba al Gobierno a actuar, y que el objetivo era “darle tramitación” a una infraestructura que estaba pendiente de finalizar. Según explicó, el proyecto original no contemplaba las federaciones deportivas ni el propio Instituto, y fue después cuando se decidió adaptar el espacio para incorporar esas dependencias.
El ex director gerente defendió que esa reorientación respondía a una lógica funcional del deporte navarro. “Entendimos que el deporte como unidad de gestión administrativa del deporte en Navarra (...) debiera estar cerca de las federaciones”, dijo, justificando así la inclusión de oficinas y usos deportivos en el Navarra Arena. También admitió que el calendario de licitación fue ajustado, pero lo enmarcó en la necesidad de cumplir con la hoja de ruta de apertura prevista para 2018.
La oferta única
Uno de los puntos más repetidos de la comparecencia fue por qué solo se presentó una oferta al concurso. Goñi reconoció que esa circunstancia le llamó la atención, pero dijo no tener una explicación concluyente. “No me consta nada y bueno, pues se procedió y al seguir el procedimiento y la mesa proponer, pues se se trabajó esa línea”, afirmó. Añadió que en 2017 el sector de la construcción seguía arrastrando las consecuencias de la crisis, con pérdida de empleo y empresas, algo que pudo influir en la concurrencia.
Preguntado por si ampliar el plazo habría atraído más licitadores, Goñi replicó que el expediente se ajustó a la ley y que no existió base para modificarlo. “La ley de contratos marca esos 18 días”, señaló, defendiendo que el proceso respetó los tiempos previstos y que no hubo recursos contra el pliego. En su relato, la prioridad fue garantizar que la obra no se quedara otra vez a medias.
Servinabar y la UTE
La parte más sensible de la comparecencia llegó al abordar la presencia de Servinabar en la UTE. Goñi aseguró que no conocía la empresa ni a su propietario antes de la licitación. “No había oído hablar nunca de Servinabar”, dijo, y añadió que conoció a Antxón Alonso al final de la obra, en las reuniones de cierre y recepción. Sobre contactos con Santos Cerdán, fue tajante: “Con el señor Cerdán, con el señor García, con alguna otra persona aparte del señor Alonso? No. Con nadie más”.
También defendió que la validez de la UTE se apoyaba en la solvencia acreditada por Acciona, principal integrante de la alianza. Según explicó, el pliego permitía que en una UTE bastara con que una de las empresas cumpliera los requisitos de solvencia, siempre que tuviera al menos el 50% de participación, lo que en este caso se cumplía sobradamente con el 80% de Acciona. “Con la que aporta Acciona no hace falta que Servinabar aporte nada”, resumió en uno de los momentos más discutidos de la sesión.
Modificados y cierre
Goñi también detalló que las modificaciones del contrato respondieron a imprevistos y a ajustes detectados ya sobre la marcha, como cuestiones de distribución interior, accesos, mamparas o elementos técnicos de la obra. A su juicio, esas correcciones no desvirtúan la legalidad del expediente, sino que reflejan una obra compleja que fue afinándose con los informes técnicos y la dirección facultativa. Sobre el retraso y la penalización aplicada a la UTE, recordó que la dirección de obra consideró imputables a la empresa seis días de demora, lo que derivó en una sanción económica.
La comparecencia dejó a Goñi aferrado a una idea principal: que el expediente del Navarra Arena fue “correcto” y que los hechos posteriores que afectan a Servinabar o a su socio en la UTE corresponden a “cuestiones internas entre ellos”. “Yo como director trabajo (...) garantizar que funcione legalmente”, remarcó, antes de cerrar su intervención con una defensa explícita de su actuación en la administración.
