El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha defendido este miércoles la actuación municipal en relación con el desalojo del pasado lunes en el Convento de Aranzadi, donde residían decenas de personas en situación de vulnerabilidad, y ha insistido en que la decisión se ha adoptado tras una “reflexión meditada” que combina la “responsabilidad institucional” con el “enfoque humano”.
En respuesta a las críticas surgidas tras la concentración de protesta celebrada ayer, en la que se señaló al Ayuntamiento como responsable directo de la situación, Asiron ha subrayado que ya el lunes los concejales Chema Mauleón y José Baura ofrecieron explicaciones detalladas sobre las razones del desalojo, el desarrollo del operativo y las actuaciones previstas a partir de ahora.
“¿Qué más puedo aportar yo?”, ha señalado el alcalde en alusión a esas explicaciones previas, aunque ha añadido que comparte su valoración sobre un asunto que reconoce como “duro” y “meditado”.
Asiron ha planteado el debate desde dos planos. En primer lugar, el humano, donde ha recalcado que se trata de “personas con derechos en situación de vulnerabilidad extrema”, que requieren “acompañamiento, atención y dignidad”. En segundo término, ha expuesto el plano de la responsabilidad municipal, al tratarse de un edificio de titularidad pública en estado de ruina y con riesgo estructural.
Según ha explicado, los servicios técnicos municipales venían advirtiendo de la necesidad de intervenir en el inmueble, que presentaba un deterioro avanzado y problemas de seguridad y convivencia. En este contexto, ha defendido la opción de impulsar una iniciativa para su rehabilitación y transformación en una residencia para personas mayores, con apartamentos tutelados y una clínica de neurorehabilitación, mediante una concesión de 50 años que permitirá posteriormente su reversión al patrimonio municipal.
“Era un edificio en ruinas y peligroso; la ciudad lo va a recuperar”, ha afirmado el alcalde, defendiendo que la alternativa de no actuar habría supuesto mantener el problema estructural y social sin solución.
En cuanto a las personas desalojadas, Asiron ha señalado que los servicios sociales están trabajando en la evaluación individualizada de cada caso para ofrecer soluciones habitacionales transitorias. Según los datos aportados, en el operativo del lunes se contabilizaron alrededor de 98 personas, frente a las 56 registradas en un primer recuento días antes, lo que a su juicio refleja la dimensión del fenómeno.
El alcalde ha ido más allá al considerar que no se trata únicamente de una situación de sinhogarismo, sino de una “crisis migratoria”, lo que, ha dicho, supera la capacidad de respuesta municipal. En este sentido, ha defendido que la solución definitiva pasa por la regularización administrativa y el acceso al empleo de estas personas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en que continuará el trabajo de acompañamiento social caso por caso, aunque admite que las alternativas actuales tendrán carácter temporal.
