El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, ha presentado, en el seno de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad, el "Estudio exploratorio de la prevalencia y características de la discapacidad en España. Informe de resultados". Este informe revela una transformación profunda en el perfil de las personas que solicitan este reconocimiento. La demanda actual es más diversa y compleja que hace una década, reflejando un desplazamiento desde perfiles tradicionalmente reconocibles hacia otros vinculados a nuevas realidades sociales. Según los datos analizados, la salud mental y los trastornos del neurodesarrollo han ganado un peso significativo en el sistema de protección.
El envejecimiento de los solicitantes en el sistema de valoración
Uno de los hallazgos más relevantes es el progresivo envejecimiento de la población solicitante. La edad media se sitúa en los 55 años, aunque existen notables disparidades geográficas. En comunidades como Galicia, Asturias o Castilla y León, la media supera los 60 años. Por el contrario, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia presentan los perfiles más jóvenes, con una media de 49 años y los porcentajes más altos de menores de 18 años.
Este cambio demográfico indica que el sistema ya no solo atiende discapacidades congénitas, sino que gestiona un volumen creciente de situaciones derivadas de la pérdida de autonomía y factores relacionados con el entorno en edades avanzadas.
El auge de la salud mental y la pluridiscapacidad
Aunque la discapacidad física sigue siendo la categoría más frecuente, el estudio detecta un incremento de casos multidimensionales. La discapacidad mental o psíquica tiene una relevancia creciente, alcanzando el 40,9% en Galicia y el 34,8% en La Rioja.
Los profesionales del sector confirman esta tendencia hacia la complejidad. El informe recoge que la demanda actual exige respuestas menos estandarizadas debido al aumento de los perfiles mixtos. Esta nueva realidad está incrementando la presión sobre los procesos de valoración, evidenciando la necesidad de adaptar los procedimientos hacia modelos más personalizados y coordinados.
Evolución hacia un modelo de derechos y participación social
La aplicación del Real Decreto 888/2022 ha marcado un punto de inflexión al priorizar una valoración centrada en la persona y sus necesidades de apoyo. El análisis concluye que es imperativo reforzar la coordinación territorial y la formación especializada para responder a estos cambios epidemiológicos y culturales.
En cuanto a la distribución por sexos, se observa un patrón homogéneo con un ligero predominio femenino en la mayoría de los territorios. Respecto a la procedencia, la nacionalidad española representa más del 90% de los solicitantes en casi todas las comunidades autónomas.
Esta investigación, desarrollada por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, señala que el futuro de las políticas públicas debe consolidar una visión de la discapacidad basada en la igualdad efectiva y la calidad de vida.
