Una segunda aula para el ikastola de Estella-Lizarra. Ese es el origen concreto de la crisis que ha tensado la cuerda entre Geroa Bai y el PSN, los principales socios del Gobierno de Navarra. La disputa no giraba en torno a grandes principios educativos sino a algo muy preciso: si el Ejecutivo debía conceder de forma inmediata y sin informes jurídicos de por medio una segunda aula concertada a la ikastola Lizarra.
La propuesta de Geroa Bai se articulaba en cinco puntos. El PSN aceptó cuatro, y se llegó a un acuerdo, aunque finalmente la coalicion se desdijo, y el acuerdo quedó en papel mojado.
Ese primer punto exigía una "respuesta positiva e inmediata" al recurso de alzada de la ikastola Lizarra, concediéndole la segunda aula concertada solicitada. El problema, según fuentes del departamento de Educación, es que ese recurso debe resolverse con el preceptivo informe jurídico de la Secretaría General Técnica. Saltarse ese trámite, sostienen las mismas fuentes, constituiría un acto de prevaricación.
De hecho, fue precisamente esa palabra —prevaricación— la que ha utilizado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, para referirse a lo que se le estaba pidiendo: resolver a favor de un centro concreto ignorando los mecanismos de control jurídico establecidos.
Los cuatro puntos que sí se acordaron
Los puntos que el PSN sí aceptó incluían el estudio del cierre de aulas públicas en situación equivalente a aulas concertadas abocadas al cierre; la aplicación de un criterio de interpretación sobre la variación de unidades concertadas recogido en el artículo 46, junto con ajustes en unidades reducidas; el compromiso de no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre equiparación de ratios entre enseñanza pública y concertada; y la resolución del resto de recursos interpuestos por centros educativos en el plazo máximo.
La línea que el PSN no quiso cruzar
La negativa socialista a asumir el primer punto no fue, según las fuentes consultadas, una cuestión de voluntad política sino de legalidad. Los recursos de alzada presentados por centros concertados tienen un procedimiento reglado que incluye informe jurídico previo. Comprometerse en un acuerdo político a que ese recurso concreto tendría resolución favorable suponía, en la práctica, vaciar de contenido ese control y abrir la puerta a la arbitrariedad.
Que el acuerdo se cerrara en un primer momento con todos los puntos —incluido el primero— y que luego el PSN rectificara, revela la presión que Geroa Bai ejerció hasta el final y la dificultad del PSN para mantener la coalición sin cruzar lo que sus propios juristas consideran una línea roja.
