El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, se reunió este martes con la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, para discutir las medidas legales que ambas comunidades han implementado para proteger el parque de vivienda de protección oficial en alquiler y reforzar la seguridad de los inquilinos. Esta reunión se produjo tras la aprobación por el Parlamento de Navarra de una reforma legislativa destinada a evitar que las viviendas protegidas en régimen de arrendamiento pierdan su calificación y pasen al mercado libre.
Una reforma legislativa para blindar la vivienda protegida
El Gobierno Vasco busca conocer los aspectos jurídicos de esta iniciativa navarra, así como su implementación y consenso en el Parlamento foral, para considerar su aplicación en Euskadi. Itxaso destacó la voluntad compartida de ambos gobiernos de proteger a los inquilinos y mantener un mercado de alquiler protegido. La vicepresidenta navarra, Begoña Alfaro, afirmó que la aprobación de la proposición de ley busca evitar que viviendas públicas terminen en manos de fondos de inversión privados, asegurando la seguridad residencial de 2.243 familias navarras.
En cuanto a la seguridad jurídica, Alfaro subrayó que todas las iniciativas se han llevado a cabo con informes jurídicos sólidos. Destacó que hay jurisprudencia consolidada que avala la medida adoptada, ya que mientras una vivienda tenga calificación protegida, no se está hablando de un derecho consolidado, sino de un derecho de expectativa. Esta modificación legislativa busca garantizar la seguridad jurídica, residencial y emocional de los inquilinos.
Medidas en Euskadi para evitar la descalificación de viviendas
El Departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana ha estado analizando diversas fórmulas para evitar la descalificación de viviendas protegidas en zonas de mercado residencial tensionado. La experiencia de Cataluña ha sido una referencia para mantener la protección oficial de viviendas en riesgo de perder su calificación. En San Sebastián, 510 viviendas protegidas podrían perder su calificación en 2028, lo que ha generado preocupación entre los vecinos. El Gobierno Vasco ha mantenido contactos con los afectados y ha manifestado su compromiso de agotar todas las vías legales para evitar que estas viviendas se conviertan en oportunidades de mercado ajenas al interés público.
La situación en Vitoria-Gasteiz también ha evidenciado la necesidad de actuar con anticipación. Promociones como las del antiguo Vitalquiler han mostrado problemas al perder su calificación de alquiler social y pasar al mercado libre. En barrios como Salburua, Zabalgana o Ibaiondo, la pérdida de protección ha generado denuncias por subidas de renta e incertidumbre entre los vecinos afectados.
Cooperación entre comunidades para enfrentar desafíos comunes
Itxaso subrayó que la vivienda protegida no debe ser un paréntesis temporal que termine en una operación de mercado libre. Las administraciones tienen la obligación de revisar las reglas heredadas y proteger el interés general. La reunión con el Gobierno de Navarra forma parte de una cooperación institucional para abordar problemas similares desde realidades jurídicas diferentes. Euskadi cuenta con una política avanzada de calificación permanente de la vivienda protegida, pero aún enfrenta desafíos con promociones anteriores a ese marco legal.
El Gobierno Vasco busca estudiar con detalle la reforma navarra y su seguridad jurídica, así como el consenso político que la ha hecho posible. Itxaso destacó la complicidad política entre ambos ejecutivos en materia de vivienda y valoró la valentía de Navarra al afrontar este debate con vocación social. El objetivo es ofrecer certidumbre a los inquilinos y preservar el parque de alquiler protegido como un activo estratégico del país.
La reunión también permitió compartir experiencias sobre la regulación de zonas tensionadas, el papel de los grandes tenedores y las herramientas jurídicas para evitar que viviendas con vocación social expulsen a los hogares que debían proteger. El Gobierno Vasco considera que la defensa del alquiler protegido requiere combinar seguridad jurídica, ambición social y cooperación institucional.
