Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu han expresado este viernes sus dudas respecto a las explicaciones que ha ofrecido en el Parlamento foral el director general de Intervención del Gobierno de Navarra, Iñaki Arrizabalga, en relación al contrato puesto en marcha por el departamento de Salud en verano de 2020 con la empresa Efficold para la compra de mascarillas.
Por su parte, PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra han subrayado que se procedió legalmente en este expediente y han destacado el contexto de dificultad que existía para adquirir mascarillas en plena pandemia, un argumento este último que también ha compartido Geroa Bai.
La portavoz de Navarra Suma, Marta Álvarez, ha criticado por un lado que el director general de Intervención haya señalado que se tardó año y medio en resolver las discrepancias sobre el expediente porque se consideró que no era "prioritario". "Ha mentido cuando dice que daba igual que el expediente se fiscalizara en un año y medio o no. Había pagos, y con un reparo suspensivo encima de la mesa no se puede pagar", ha dicho la parlamentaria de Navarra Suma, para señalar a continuación que hay dos facturas con fecha diciembre de 2020, cuando la Intervención delegada del departamento de Salud ya había elaborado el informe con reparo suspensivo.
En todo caso, Álvarez ha señalado que "la clave de bóveda es el precio" que se pagó por las mascarillas y ha relatado que el informe de la Intervención delegada manifestó inicialmente que estaba por encima de mercado, posteriormente, el director general de Intervención señaló que no estaba "justificado" y finalmente, "en el último informe no habla de ello". La parlamentaria foral ha preguntado a Arrizabalaga si "le presionó alguien para cambiar el informe" y en concreto le ha preguntado si lo hicieron las consejeras de Salud o de Economía y Hacienda.
"Yo le acuso de obviar -la cuestión del precio de las mascarillas- de forma deliberada. La pérdida de dinero público por la compra a ese precio puede ser millonaria. Si no tiene una explicación razonable sobre esto me parece muy grave y nos lleva a concluir que estas maniobras raras, estas mentiras, van dirigidas a intentar tapar otro claro ejemplo de mala gestión de este Gobierno que tiene como consecuencia que, como en el caso del contrato de SODENA, se ha malgastado dinero público", ha afirmado.
La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha criticado "la falta de conocimiento que tiene Navarra Suma sobre este contrato" y ha destacado "las rotundas conclusiones" que ha ofrecido el director general de Intervención. "El informe de Intervención general concluye que el expediente es correcto", ha subrayado, para señalar que "no ha habido ningún quebranto de dinero para la Hacienda pública".
Además, ha señalado que "hay que contextualizar" en qué momento se realizó este contrato, "porque tiene mucho que ver con los procedimientos de emergencia, ya que la fiscalización se hace a posteriori del acto". "En plena pandemia, el Gobierno de Navarra articula medidas de carácter extraordinario y urgente en un corto espacio de tiempo y un escenario de extrema dificultad, primando la protección del personal sanitario y los pacientes. El gran pecado es el retraso en concluir este expediente, un año y medio", ha dicho. Así, Unzu ha criticado "la enorme capacidad que tiene Navarra Suma para trasladar una mentira a través de titulares rotundamente falsos".
El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiáin, ha planteado algunas "dudas" respecto a las explicaciones dada por la Intervención general y se ha preguntado por ejemplo si no hay "una clara contradicción" entre que Arrizabalaga plantee que no era urgente resolver las discrepancias en el expediente y el informe inicial de la Intervención delegada que hablaba de que se producía un "quebranto económico" para la Hacienda pública.
No obstante, Asiáin ha reconocido que se debe tener en cuenta el contexto de "emergencia, dificultad, urgencia, caos mundial, piratería y pillaje en el mercado de las EPI" que se vivía en ese momento. "No podemos abstraernos de esa situación que se estaba viviendo a nivel mundial a la hora de plantear unas medidas concretas y unos reparos suspensivos. Es necesario poner las decisiones en ese contexto", ha afirmado
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que, atendiendo a las conclusiones ofrecidas por Arrizabalaga, "esto es legal, pero muy bien tampoco está". "Este expediente es un tanto extraño en su devenir. Estamos ante un contrato de emergencia y los contratos de emergencia se reconstruyen al final del procedimiento, pero no he terminado de entender por qué se tardó tanto en dar la explicación. Tenían que resolver y no resolvieron. Decir que había otros expedientes más prioritarios... No creo que hubiera otro contrato que tuviera esta tardanza en resolverse. Hay algo que suena mal. ¿Por qué tarda tanto la Intervención General en ir resolviendo este camino? No nos sirve la explicación de que este expediente estaba prácticamente pagado y no tenía ninguna urgencia", ha afirmado.
Por parte de Podemos, Mikel Buil ha asegurado que las explicaciones de Arrizabalaga "han sido muy pedagógicas y a nosotros nos aclaran los procedimientos tan garantistas que tiene nuestra Administración para garantizar el buen uso del dinero público". Buil ha señalado que "la operación no sale bien, hay que decirlo claro" pero ha afirmado que se ha "despejado la duda de cualquier intento de llamarle a esto corrupción o malversación". "Creo que es evidente el circuito que han llevado estos informes. Para nosotros queda claro que donde no hay mata no hay pata y estamos haciendo tres comparecencias seguidas -la de Arrizabalaga y las previstas de las consejeras de Salud y de Economía y Hacienda- de una cuestión que ya debatimos en junio sin pena ni gloria y que al calor de la campaña electoral Navarra Suma intenta sacar su rédito", ha indicado.
Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que ella se queda "con la legalidad que se reconoce a posteriori, una legalidad que reconoce la Intervención General, en un contexto de emergencia sanitaria en el que había falta de mascarillas, miedo e incertidumbre ante lo que pudiera suceder después y ante la dificultad para conseguir mascarillas que cumplieran con los requisitos sanitarios". "Era una situación muy complicada y yo me quedo con eso, reconociendo que el tiempo que el expediente estuvo en el cajón no tiene ninguna explicación. Sobre el precio no tengo nada que decir, siendo evidente que dos meses después esa compra habría sido más barata", ha señalado.
