El ambicioso proyecto del Guggenheim Urdaibai no llegará a materializarse. El Patronato de la Fundación, reunido en Bilbao, ha acordado de forma unánime paralizar la ampliación del museo en la comarca vizcaína. La decisión se ha tomado tras analizar una memoria técnica exhaustiva que califica la propuesta como no viable técnicamente ni a corto ni a medio plazo, poniendo fin a años de incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura.
La comparecencia oficial, protagonizada por Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia; Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera; y Miren Arzalluz, directora del Museo Guggenheim Bilbao, ha servido para certificar el cierre de un periodo de reflexión de dos años anunciado en enero de 2024. Los informes presentados detallan un camino obstaculizado por trabas territoriales, procedimientos judiciales y complejos trámites administrativos que hacían imposible el desarrollo de las sedes proyectadas en Gernika y Murueta.
Un rechazo social y judicial determinante
Uno de los factores clave en la cancelación ha sido el proceso de escucha ciudadana liderado por el Agirre Lehendakaria Center. Las conclusiones de este estudio reflejan una postura mayoritariamente contraria a la ampliación del museo entre los vecinos de Busturialdea. Aunque la población apuesta por el desarrollo económico de la zona, el patrón de rechazo al proyecto artístico fue el más representado en las casi mil narrativas recogidas.
A las dificultades sociales se sumaron los conflictos legales. El proyecto exigía modificaciones urbanísticas críticas, como la reducción de la servidumbre de protección de la Ley de Costas en Murueta. Este cambio, aprobado inicialmente por el Ministerio de Transición Ecológica, se encontraba actualmente recurrido por Greenpeace y otras plataformas ecologistas, lo que generaba una inseguridad jurídica insalvable para las instituciones.
El fin de un modelo museístico
La propuesta del Guggenheim Urdaibai buscaba conectar la antigua fábrica Dalia de Gernika con los astilleros de Murueta a través de una vía verde, prometiendo la creación de 700 empleos y un retorno anual de 39 millones de euros. Sin embargo, la complejidad de intervenir en una zona de especial protección medioambiental y la falta de consenso han terminado por enterrar la iniciativa, al igual que ocurrió con el primer intento fallido en el año 2008.
