La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra (OANA) atraviesa un momento complicado en materia de personal. El organismo, que ha estado este pasado curso político bajo el foco por su papel investigador en la adjudicación de las obras de ampliación de Belate, ha visto cómo Iván Razquin Tarazona, hasta ahora director del Servicio de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador, cesaba a peticion propia de su puesto. Su marcha se suma a una plantilla ya mermada: de las once personas que conforman la plantilla orgánica de la Oficina, varios puestos se encuentran actualmente vacantes.
Para intentar revertir esta situación, la directora de la OANA, Edurne Eginoa Antxo, ha firmado tres resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra, con las que convoca la provisión temporal, en comisión de servicios, de cuatro de las plazas vacantes.
La Resolución 59/2026 aprueba la convocatoria para cubrir la plaza de director/a del Servicio de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador —el puesto que dejó Razquin—, mientras que la Resolución 60/2026 hace lo propio con la dirección del Servicio de Asesoría Jurídica, también vacante. Ambas convocatorias están dirigidas a personal funcionario con plaza para la que haya sido requisito disponer de licenciatura o grado en Derecho, con al menos un año de antigüedad en un puesto que exigiera esa titulación.
Por su parte, la Resolución 58/2026 aprueba la convocatoria para cubrir dos plazas de inspector/a (rama jurídica), adscritas también al Servicio de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador. Quienes ocupen estos puestos se encargarán de las funciones de investigación e inspección y, en la medida que les corresponda, de prevención. Los requisitos son similares a los de las direcciones —titulación en Derecho y capacidad acreditada para elaborar informes de investigación y propuestas de resolución—, si bien una de las dos plazas, la número 5, exige además estar en posesión del título EGA o titulación oficial de euskera equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Las cuatro convocatorias contemplan un plazo de treinta días naturales para presentar solicitudes de forma telemática a través de la sede electrónica de la Oficina (www.oana.es), acompañadas de hasta cinco informes jurídicos anonimizados que acrediten la experiencia de las personas candidatas. En todos los casos, la comisión de servicios tendrá una duración de un año, prorrogable por otro, con un periodo de prueba de dos meses durante el cual cualquiera de las partes podrá poner fin a la misma.
Una plantilla desbordada
Actualmente, además de la directora, la OANA cuenta únicamente con dos inspectores y una administrativa para hacer frente a una carga de trabajo que, según reconocían desde la propia Oficina, va en aumento, con peticiónes nuevas este verano como la investigacion de los contratos con empresas chinas. La falta de personal ha generado, entre otros problemas, la caducidad de expedientes que han tenido que tramitarse de nuevo.
En su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Eginoa admitió las demoras en la tramitación de expedientes derivadas de contar solo con dos inspectores.
Sin memoria anual pese a la obligación legal
Pese a que la ley que regula la OANA obliga a la Oficina a publicar una memoria anual con su actividad, la falta de personal ha impedido hasta ahora este ejercicio de transparencia. De hecho, las resoluciones conocidas se han hecho públicas mediante filtraciones a la prensa como la relativa a la represalia sufrida por el letrado de la mesa de contratación de Belate o las irregularidades detectadas en el centro de FP Agroforestal.
La OANA fue creada mediante ley foral en 2018. El organismo depende del Parlamento de Navarra, que nombra a su directora, y esta debe atender las solicitudes de información de la cámara. En los presupuestos de 2026, la Oficina cuenta con una dotación de 996.000 euros para una plantilla orgánica de once personas, incluida la directora.
