El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha emitido una contundente resolución mediante la cual invalida el presupuesto municipal de Orkoien para el ejercicio 2026. El fallo estima íntegramente el recurso de alzada interpuesto por EH Bildu al determinar que la aprobación de las cuentas sin incluir el Estado de Liquidación del año 2024 supone una nulidad de pleno derecho. Esta omisión privó a los grupos de la oposición de ejercer su labor de fiscalización de los fondos públicos, vulnerando así el marco normativo de las haciendas locales.
La decisión del tribunal supone un duro varapalo para la gestión del alcalde Alejandro López (PSN) y del Gobierno municipal, apoyado por UPN y Juntos. Según recoge la resolución, el primer edil actuó de manera deliberada al ignorar las advertencias de la oposición sobre la ilegalidad de no aportar dicho informe de Intervención. No obstante, el fallo también deja al descubierto las constantes tensiones y el choque ideológico entre el equipo de gobierno y las fuerzas políticas de la oposición, que han convertido el debate presupuestario en un cruce de acusaciones sobre la parálisis institucional del municipio.
Cruce de acusaciones y debate sobre la gestión del gasto público
Desde la coalición soberanista han calificado la actitud del ejecutivo local como un intento de ocultar la realidad contable de la localidad, criticando abiertamente al concejal de Hacienda, Diego Viñas (UPN), por su falta de asistencia a las comisiones del área. Asimismo, denuncian que la Cuenta General del Ayuntamiento permanece sin aprobarse desde 2018, en lo que consideran un incumplimiento sistemático de la Ley Foral de la Administración Local.
Sin embargo, el bloqueo administrativo y judicial que sufre Orkoien genera dudas sobre si la estricta batalla formal y la paralización presupuestaria impulsada por la oposición terminarán comprometiendo la prestación de servicios básicos para los vecinos. Mientras la corporación municipal se enfrenta por la transparencia, la falta de un presupuesto en regla para 2026 aboca al consistorio a un escenario de incertidumbre económica que exigirá concesiones y diálogo entre todos los grupos políticos.
