El Gobierno Foral ya advirtió en su momento que no la aplicará
Pamplona, 16 de diciembre
La ley del sector público foral también acabará más que probablemente en manos del Tribunal Constitucional. Era un secreto a voces desde que el pasado agosto, el Parlamento Foral aprobase una ley que modificaba aspectos esenciales de la CPEN, la Corporación Pública Empresarial de Navarra, el holding que agrupa a todas las empresas públicas de la Comunidad Foral. Ya entonces, UPN y PP manifestaron su negativa a este ley que pretendía poner coto a los despidos masivos en empresas públicas.
Así, el Gobierno de UPN, por un lado afirmó que no aplicaría esta ley, y el Gobierno del PP aseguraba que estudiaba la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma emanada del legislativo.
Pues bien, este lunes el Boletín Oficial de Navarra publica el resultado de la reunión mantenida el pasado 18 de noviembre (y hasta ahora no publicitada) de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 28/2013, de 7 de agosto, de modificación parcial de la Ley Foral 8/2009, de 18 de junio, de creación de la sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U.
Como es habitual, en estos casos, el acuerdo consiste en realizar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con esta ley foral, que no gusta ni al propio Gobierno de Navarra. Las "negociaciones" se realizarán mediante un grupo de trabajo que deberá proponer a la Junta de Cooperación la solución que proceda. Por último, se comunica este acuerdo al Tribunal Constitucional, por cualquiera de los órganos mencionados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos que en el propio precepto se contemplan.
Con esta decisión, se aumenta la incertidumbre sobre una ley que nació con la total oposición del Gobierno de Navarra. El Ejecutivo de Barcina considera que la norma es inconstitucional porque no respeta la división de poderes al atribuirse al Parlamento la potestad de aprobar los ERE de las empresas públicas.
Previamente a su aprobación, el Gabinete de Barcina había avisado de que no pensaban aplicar una ley que consideran “inconstitucional”, mientras que desde el Parlamento le advirtieron , de que de incumplir la ley estaría “prevaricando”.
