La dirección de Volkswagen Navarra ha trasladado al comité de empresa un mensaje tan claro como inquietante: si finalmente se confirma la resolución de Inspección de Trabajo que obliga a convertir en indefinidos a 93 trabajadores eventuales, la planta activará un expediente de extinción con 93 despidos. La compañía sostiene que no tiene capacidad para absorber ese incremento de plantilla fija sin revisar a la baja su plan de contrataciones y prejubilaciones, en un contexto en el que el grupo Volkswagen ya estudia ajustes y cierres en otras fábricas.
El conflicto tiene su origen en una inspección realizada en octubre, en la que se detectaron 146 contratos eventuales “no justificados” y que derivó en un requerimiento para hacer indefinidos a 93 de los temporales que aún seguían en la planta. Atender esa orden, según ha comunicado la empresa a la plantilla, “pone en jaque” el consenso laboral, el proyecto industrial y los volúmenes futuros de producción, al obligar a recolocar a esos trabajadores en una estructura ya tensionada por los planes de electrificación y por un calendario de lanzamientos exigente.
Sobre la mesa se dibujan varios escenarios que preocupan en Landaben. La dirección ha planteado que una de las vías de salida sería ejecutar 93 despidos y recurrir a empresas de trabajo temporal para las nuevas incorporaciones, al tiempo que no descarta renunciar al aumento de producción inicialmente previsto, cifrado en 16.000 vehículos extra en una de las propuestas y en 5.800 coches adicionales en los últimos contactos. Otra consecuencia directa sería la paralización de hasta 400 contrataciones eventuales previstas para 2026 y la imposibilidad de aplicar el plan de rejuvenecimiento de plantilla basado en contratos de relevo y unas 150 prejubilaciones.
Las reacciones sindicales han sido dispares y han elevado la tensión interna. ELA y LAB, impulsoras de la denuncia ante Inspección de Trabajo, consideran que no existe “exceso de plantilla” cuando la fábrica mantiene unos 300 eventuales y califican de “sin pies ni cabeza” la amenaza de despedir a los 93 trabajadores que pasarían a fijos. UGT y CCOO, por su parte, han reclamado a la empresa que concrete el volumen real de contrataciones necesarias para afrontar los nuevos modelos eléctricos y han presentado una propuesta que pasa por reducir días de ERTE, ajustar calendarios y compensar con días de disfrute individual para poder asumir los 5.800 coches extra sin destruir empleo.
En paralelo, los sindicatos mayoritarios han repartido entre la plantilla un duro comunicado en el que señalan a ELA, LAB y CGT como responsables de haber desencadenado una “crisis innecesaria” con sus denuncias, al entender que han provocado “indignación e incomprensión” al poner en riesgo empleos, prejubilaciones y el propio clima de estabilidad en la factoría. Desde las centrales abertzales, en cambio, se insiste en que la empresa es quien ha vulnerado la normativa laboral, tanto en el uso abusivo de la eventualidad como en el tratamiento de las pagas variables, sobre las que pesa una sentencia que declaró discriminatorio el sistema aplicado.
Mientras la dirección se ha comprometido a responder a las últimas propuestas la próxima semana, el futuro de los 93 eventuales, y de buena parte del esquema de empleo en Landaben, sigue pendiente de una negociación al límite entre advertencias de despidos, amenazas sobre el contrato de relevo y el desafío de no frenar la transición hacia el coche eléctrico en Navarra.
