Catalán considera «una temeridad» adoptar la decisión si no está «fundamentada» ya que «afecta a cientos de escolares»
PAMPLONA, 31 (EUROPA PRESS)
El senador por Navarra de UPN, Alberto Catalán, ha preguntado al Ministerio de Educación y Formación Profesional si dispone de informes «que avalen la legalidad constitucional de la decisión adoptada en Navarra para retirar los conciertos educativos de la etapa de Bachillerato a los colegios que imparten educación diferenciada».
Además, según han informado desde UPN en una nota de prensa, Catalán quiere conocer si el Ministerio «respalda y comparte tal decisión y si considera que, pendientes de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación con la nueva ley de educación LOMLOE conocida como Ley Celaá, no hubiese sido más oportuno y responsable esperar dicha resolución».
«Si no se disponen de esos informes, estamos ante una temeridad, más aún cuando está en juego la educación de cientos de escolares y la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos, un principio básico amparado por la Constitución Española y las normas internacionales», ha agregado.
Para el senador regionalista, «es una irresponsabilidad que mientras el máximo tribunal garante de los derechos de los ciudadanos de nuestro país no ha resulto recursos de inconstitucionalidad planteados por diferentes formaciones políticas, entre ellas UPN, sobre la LOMLOE y la vulneración de la libertad de los padres para elegir los centros a los que desean llevar a sus hijos, incluidos aquellos que segregan por sexo, se tomen decisiones que pueden tener consecuencias negativas para la comunidad educativa de dichos centros».
«No debemos olvidar que este modelo es elegido por un importante número de familias y que la retirada de conciertos les supone cambiar las condiciones de escolarización fruto de su libre elección a mitad de partido», ha señalado.
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL TSJN
Asimismo, Catalán ha añadido que está encima de la mesa «la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJN por posible ‘trato discriminatorio’ y vulneración del artículo 27.3 de la Constitución Española, que establece que ‘los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones\'».
Según el senador de UPN, «una vez más se vuelve a evidenciar el sectarismo del gobierno de Chivite y sus socios independentistas, máxime cuando la izquierda radical vasca ha hecho bandera de la cuestión».
Finalmente, ha criticado la «hipocresía política de muchos cargos públicos del PSOE y del nacionalismo, que dicen defender la escuela pública y que cuestionan los centros concertados y la educación diferenciada por sexo en los colegios y luego, a la hora de escolarizar a sus hijos, los matriculan en dichos centros».
