El Gobierno de Navarra y la Comunidad General de Regantes han escenificado una posición común en defensa de la segunda fase del Canal de Navarra, una infraestructura que consideran estratégica para garantizar el futuro del sector agrario y el abastecimiento de agua en la Comunidad Foral.
Ambas entidades subrayan que esta ampliación permitirá asegurar agua de calidad y en cantidad suficiente para cerca del 80% de la población navarra, además de reforzar la competitividad de las explotaciones agrícolas en un contexto marcado por la incertidumbre climática.
En vísperas de la reunión de la comisión negociadora del convenio entre el Estado y Navarra, el Ejecutivo foral y los regantes han mostrado su disposición a colaborar estrechamente con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para agilizar los pasos necesarios que conduzcan a la licitación de las obras. En este sentido, apelan a la “diligencia y agilidad administrativa” del Ministerio para culminar un proyecto declarado de interés general.
El impulso institucional llega tras dos años en los que se han desbloqueado hitos clave, como la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental favorable, la aprobación definitiva del proyecto y el respaldo financiero del Banco Europeo de Inversiones, que ha comprometido un préstamo de 228 millones de euros para su ejecución.
Estos avances, según destacan, aportan seguridad jurídica y económica al proyecto, allanando el camino hacia su licitación, un trámite que corresponde al Gobierno central. La segunda fase del Canal de Navarra se enmarca, además, en las políticas de gestión sostenible del agua, consideradas fundamentales para reforzar la resiliencia del territorio frente a la emergencia climática.
