La presión social y la denuncia pública han logrado frenar, al menos de momento, el desahucio que la sociedad inmobiliaria Building Center, dependiente de CaixaBank, tenía previsto ejecutar este jueves en Burlada contra una mujer que residía en régimen de alquiler social desde hace dos décadas. Fuentes de CaixaBank consultadas por Pamplona Actual han aclarado que la suspensión ya estaba acordada previamente, y que no se iba a ejecutar hoy el lanzamiento.
Desde primera hora decenas de personas se concentraron frente al portal de la vivienda.
Según explicó el sindicato, la afectada, María Pilar, vive en esta vivienda desde hace 21 años. Tras comenzar como inquilina, su familia adquirió el piso mediante una hipoteca con el Banco de Valencia. El estallido de la burbuja inmobiliaria hizo inviable el pago del préstamo, con cuotas que llegaron a alcanzar los 1.200 euros solo en intereses durante algunos meses, lo que derivó en un primer procedimiento de desahucio.
Aquel intento fue paralizado en noviembre de 2012 gracias a la movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Burlada, que congregó a cerca de 200 personas frente al portal. Días después, CaixaBank adquirió el Banco de Valencia por un euro, operación que incluyó la vivienda de María Pilar. En 2015, la entidad firmó con ella un contrato de alquiler social.
Desde el Sindicato Socialista de Vivienda denuncian que en el verano de 2024 la propiedad modificó el sistema de pago del alquiler, lo que impidió a la inquilina seguir abonando las cuotas con normalidad, pese a haber comunicado reiteradamente la situación. A ello se sumó la retirada de la subvención al alquiler social. «Todo apunta a una estrategia para desalojar la vivienda y destinarla a usos más rentables», sostienen.
El colectivo también critica la actuación judicial, al considerar que no se aplicaron las moratorias ni las medidas de suspensión previstas en la legislación vigente, pese a existir un informe de vulnerabilidad de los Servicios Sociales. «Se ha intentado ejecutar un desahucio en apenas dos meses, sin juicio y sin posibilidad real de defensa», aseguran.
Este caso supone el tercer intento de desahucio en un radio de apenas 200 metros en Burlada en lo que va de año, según el sindicato. En enero se logró paralizar otro lanzamiento y conseguir posteriormente una alternativa habitacional, mientras que en octubre un desahucio similar sí llegó a ejecutarse.
La mañana ha terminado, sin embargo, con un desenlace favorable para María Pilar. CaixaBank retiró la demanda y el desahucio quedó aplazado. Desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria subrayan que «si no hubiera sido por la organización y la movilización, el desahucio se habría ejecutado» y llaman a mantenerse alertas ante futuras convocatorias. «La lucha merece la pena», concluyen.
