El profesorado de las Enseñanzas Artísticas Profesionales y Superiores de Navarra ha alzado la voz ante lo que califica como una situación de abuso sistemático de la contratación temporal por parte de la Administración Foral. Docentes del Conservatorio Superior de Música de Navarra, el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella y la Escuela de Danza de Navarra denuncian que llevan décadas sosteniendo el sistema público educativo mediante contratos temporales encadenados en plazas que, en la práctica, son estructurales.
Según el colectivo, no se trata de una circunstancia puntual ni excepcional, sino de una realidad prolongada en el tiempo que ha convertido la temporalidad en norma y ha empujado a cientos de profesionales a una precariedad “injustificable”. A su juicio, esta situación no es fruto del azar, sino de decisiones administrativas reiteradas que han permitido cubrir plazas permanentes bajo el paraguas de supuestas “necesidades del servicio”, ocultando una grave falta de planificación de plantillas y una vulneración evidente de derechos laborales.
La ausencia de convocatorias periódicas, la oferta insuficiente de plazas y la dependencia crónica de docentes que acumulan 10, 15, 20 o incluso más de 30 años en situación temporal han sido, denuncian, una constante. Paradójicamente, los centros de enseñanzas artísticas han seguido funcionando gracias a este profesorado, que ha aceptado condiciones de inestabilidad que no se han tolerado en otros cuerpos docentes para los que sí se han articulado procesos extraordinarios de estabilización.
El impacto de esta política ha sido especialmente duro en colectivos concretos: personas mayores de 50 años con décadas de servicio sin estabilizar, docentes que han asumido responsabilidades estructurales sin reconocimiento alguno y profesionales a quienes ahora se les exigen titulaciones sobrevenidas que no existían cuando iniciaron su trayectoria laboral. “Quienes han sostenido el sistema son ahora quienes corren mayor riesgo de quedar fuera de él”, advierten.
En este contexto, el profesorado considera que la convocatoria de concurso-oposición prevista para 2026 no puede presentarse como una solución. Lejos de reparar el abuso, entienden que ignora el origen del problema y amenaza con expulsar del sistema a quienes lo han mantenido operativo durante años. A su juicio, presentar esta oposición como una respuesta suficiente resulta “políticamente irresponsable y jurídicamente insostenible”, por su carácter precipitado y por una oferta de plazas y especialidades que califican de insólita y desconectada de cualquier planificación coherente.
El colectivo recuerda que el marco legal es claro. La Directiva 1999/70/CE y la Ley 20/2021 obligan a las administraciones públicas a prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad mediante medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias, con el objetivo de reducirla por debajo del 8 %. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha advertido en reiteradas ocasiones de que la simple convocatoria de oposiciones no basta para reparar un abuso prolongado, si no va acompañada de medidas reales de compensación.
De mantenerse la situación actual, o de agravarse con lo que consideran una “falsa solución”, el profesorado augura consecuencias graves: pérdida masiva de profesionales altamente especializados, desmantelamiento de proyectos académicos y artísticos consolidados, mayor inestabilidad en los centros y un aumento de la litigiosidad, con el consiguiente impacto económico y reputacional para la Administración Foral.
Por todo ello, el colectivo exige al Departamento de Educación y a su sección de Personal que asuman su responsabilidad, reconozcan públicamente la existencia de abuso de temporalidad y articulen un plan extraordinario y urgente de estabilización y reparación. Reclaman, además, una auditoría interna que esclarezca cómo se ha llegado a esta situación y un plan de futuro que garantice convocatorias periódicas, plantillas dimensionadas de forma adecuada y una política de contratación que impida la cronificación de la precariedad.
“No pedimos privilegios. Exigimos justicia”, subrayan. A su juicio, Navarra tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de actuar conforme a la normativa europea y estatal y de proteger un ámbito educativo y cultural esencial. No hacerlo, advierten, supondría perpetuar una injusticia y causar un daño difícilmente reversible al sistema de enseñanzas artísticas de la Comunidad Foral.
