Los grupos de la oposición ha aprobado la toma en consideración de una norma que modifica el Estatuto del Personal de las Administraciones Públicas de Navarra. La nueva ley, a iniciativa de I-E, y que deberá estudiarse en comisión acota la contratación de personal a tiempo parcial, y reconoce el derecho de traslado a mujeres víctimas de violencia de género
Pamplona, 22 de mayo
Los decretos aprobados este miércoles por el Ejecutivo de Yolanda Barcina sobre los minijobs en la Administración Foral pueden quedar en "papel mojado" si prospera una ley cuya toma en consideración ha aceptado este jueves el Pleno del Parlamento de Navarra con los votos de todos los grupos de la oposición, lo que augura una nueva "batalla" política entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Durante la sesión, el grupo proponente de la proposición de ley, I-E ha ironizado en varias ocasiones con el argumento de que los consejeros del Gobierno de Barcina podrían desdoblarse en dos para crear nuevos puestos de trabajo, y dado el elevado suelto que poseen los altos cargos.
La proposición de Ley impulsada por Izquierda-Ezkerra tiene por objeto regular la contratación temporal de personal en régimen administrativo, de modo que salvo en Salud y Educación, donde atendiendo a sus especificidades se admite mayor flexibilidad, se asegure la dedicación a tiempo completo “en las mismas condiciones que los funcionarios”.
En concreto, se acota la contratación administrativa de personal con jornada a tiempo parcial a casos en que la persona sustituida disfrute de reducción de jornada o bien cuando la pretensión se reduzca a cubrir temporalmente una vacante a tiempo parcial.
No obstante, se admiten excepciones en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, donde se contemplan contrataciones a jornada completa, a tiempo parcial o para atención continuada. También en Educación, donde se podrá contratar a tiempo parcial cuando, en razón del régimen administrativo de los centros, se descubran necesidades que no puedan ser atendidas por el personal fijo y para las que resulte suficiente personal a tiempo parcial.
Además de procurar la mejoría del empleo público temporal, la proposición pretende adecuar el Estatuto del Personal de las Administraciones Públicas a las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre cuyos dictados se incluye la movilidad geográfica de centro de trabajo, todavía sin contemplar.
A tal fin, para hacer efectiva dicha disposición, se sugiere agregar un nuevo artículo 35 bis que ofrezca cobertura al derecho a movilidad “por razón de violencia sobre la mujer”. Según se dispone, el traslado a otro puesto análogo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional no requerirá de la existencia de vacante de necesaria cobertura, se efectuará en comisión de servicios y tendrá una duración inicial de seis meses que, en el caso del personal docente, resultará ampliable hasta el final del curso escolar. Transcurrido dicho período, la empleada deberá optar por el puesto de trabajo de origen o por permanecer con carácter definitivo en el nuevo destino.
