La vista oral se ha cerrado con la sesión de conclusiones del juicio en el que el presidente de Incita demanda a la antigua Caja Navarra por 30 millones de euros por rescindir su contrato de prestación de servicios de forma fraudulenta
Pamplona, 18 de febrero
Este jueves en la Audiencia Provincial se ha celebrado la última sesión del juicio de Gorka Jiménez, presidente de Incita, contra la antigua Caja Navarra, a quien ha demandado por 30 millones de euros en favor de sus acreedores.
El presidente y socio fundador de Incita ha querido dejar claro que la demanda fue interpuesta a título personal y sólo a favor de los acreedores. “Yo por mi parte, pretendo reivindicar mi condición de empresario y mi honestidad, además de que se haga justicia con los acreedores víctimas de la actuación irresponsable por parte de la antigua Caja Navarra, posteriormente Banca Cívica y actualmente Caixabank”, ha expresado Gorka Jiménez.
“Quiero continuar con mi proyecto empresarial y poder seguir aportando valor a la sociedad, contribuyendo con puestos de trabajo y generación de talento”, ha añadido.
El presidente de Incita, además de reivindicar su condición de empresario, ha agradecido su implicación al despacho jurídico Ubaldis, capitaneado por José Luis Yela y Xabier Landera, acompañados por otro abogado encargado de su representación en el juicio, Ignacio Arsuaga.
Tras la sesión de testificales de ayer, hoy era turno de las conclusiones de los letrados de las distintas partes. El abogado de Gorka Jiménez, ha puesto de manifiesto el fraude de Caja Navarra a los acreedores de Incita y
la ha responsabilizado de la insolvencia de la empresa.
“El único motivo que ha aportado Caja Navarra ha sido el de hacer negocio, ya que tenía una orden expresa por parte de Banca Cívica de resolver todos sus contratos vigentes hasta la fecha de la fusión. Así lo reconoció ayer la propia Amaia Rández, subdirectora de Asuntos Legales de Caja Navarra y apoderada de la entidad”, ha
explicado el abogado de Jiménez.
“Además, Caja Navarra mintió al presidente de Incita cuando se le dijo que tras la anulación del contrato de prestación de servicios vendría otro contrato mucho mejor a través de Caixabank. Se le hizo creer que la única posibilidad de hacer pervivir su empresa era resolver este contrato para pasar a otro mejor”, ha añadido el letrado.
La acusación ha explicado que la rescisión del contrato que había entre Incita y Caja Navarra para la prestación de servicios informáticos fue nula. “El propio Pedro Zarraluqui, del Servicio Jurídico de Caja Navarra, declaró ayer que
‘30 millones de euros no son relevantes para una entidad que maneja 70.000 millones de euros’.
Por su parte, tanto la defensa de Incita, como la defensa de la Administración Concursal de Incita, han coincidido en suscribir las acusaciones del letrado de Gorka Jiménez en lo referente a la nulidad del contrato de rescisión, ya que “no hubo causa para ello”.
Por todo ello, Gorka Jiménez se ratifica en solicitar 30 millones de euros en favor única y exclusivamente de sus acreedores. Ésta es la cantidad que correspondería abonar de Caixabank a Incita como penalización por rescindir
su contrato de manera injustificada.
