La consejera portavoz y responsable de Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha salido al paso de la polémica generada en torno a la atención a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, aclarando que «no se ha cesado ningún servicio» y que el compromiso del Gobierno foral con estas víctimas sigue siendo máximo. Las declaraciones se produjeron a raíz de las críticas por la posible limitación de las sesiones terapéuticas a un máximo de 32 para este colectivo.
López subrayó que «la atención psicológica en Navarra junto al servicio de Justicia Restaurativa es algo diferencial de esta comunidad» y destacó la importancia de este recurso, que se aplica no solo a las víctimas de abusos en la Iglesia, sino también a víctimas de violencia de género, violencia doméstica y otros delitos graves.
Según explicó, el cambio en la duración de las terapias responde a la necesidad de racionalizar los recursos y garantizar la atención al mayor número posible de víctimas. «En la mayoría de las comunidades autónomas, la media de atención psicológica que se presta a las víctimas es de quince o veinte sesiones, mientras que en Navarra estamos hablando de llegar a treinta sesiones», indicó López, poniendo en valor el esfuerzo de Navarra por aumentar el alcance y la calidad de los servicios ofrecidos.
Sobre los casos concretos de víctimas que han recibido más de 80 sesiones terapéuticas durante cuatro o cinco años, la consejera afirmó que «el servicio de Justicia Restaurativa y otros servicios transversales siguen a disposición de estas personas». Añadió que, en algunos casos, estas víctimas han sido derivadas a salud mental para continuar con su atención, pero sin dejar de recibir apoyo por parte del Gobierno.
López quiso dejar claro que el Gobierno de Navarra no ha cambiado ningún criterio ni ha comunicado la suspensión de servicios. «El contrato sigue vigente y la empresa que presta el servicio debe seguir atendiendo a las víctimas en las mismas condiciones», aseguró, al tiempo que anunció que se está trabajando en un nuevo pliego para la licitación del servicio que busca igualar a todas las personas víctimas de delitos graves y ampliar el número de beneficiarios.
En cuanto al cuestionamiento sobre si existe una directriz para dejar de atender a algunas víctimas, López respondió que «no consta que la Dirección General de Justicia haya dictado ninguna instrucción al respecto». Asimismo, reafirmó que el despacho tanto de la directora general de Justicia como el suyo están «abiertos para atender a cualquier persona afectada» y se comprometió a seguir trabajando con la máxima sensibilidad hacia las víctimas.
Un aumento en la dotación presupuestaria
López también destacó que, durante la presente legislatura, la dotación presupuestaria para la atención a las víctimas se ha incrementado en 110.000 euros, alcanzando un total de 560.000 euros, lo que refleja el compromiso del Gobierno con la mejora de estos servicios. Además, insistió en que el objetivo es racionalizar los recursos para poder llegar al mayor número posible de personas que necesiten apoyo, independientemente del tipo de delito del que hayan sido víctimas.
Finalmente, la consejera apeló a la prudencia y pidió no confundir a la opinión pública sobre un tema tan sensible como la atención a las víctimas de delitos graves. «Navarra sigue trabajando intensamente en la integración de la justicia restaurativa y en el apoyo a todas las víctimas, incluyendo las del seno de la Iglesia», concluyó López.
