Durante la reunión que se ha mantenido esta mañana en el Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2025, el presidente de CEN, Manuel Piquer, ha abogado por la mejora de la fiscalidad, insistiendo en criterios de “razonabilidad y proporcionalidad” debido a la pérdida de competitividad de Navarra frente a otras Comunidades Autónomas, sobre todo “las vecinas”. En este sentido, como medidas, desde CEN se propone situar el tipo impositivo general al 24%, en lugar del 28% actual; eliminar la limitación temporal de bases negativas; recuperar las deducciones al empleo; asentar los beneficios fiscales a la inversión; incentivar la I+D; y deflactar anualmente todas las magnitudes del IRPF.
Además, ha pedido eficiencia de los recursos públicos en la Administración, ya que el presupuesto del capítulo 1 ha crecido considerablemente en los últimos 10 años ascendiendo a 830 millones de euros más. El presupuesto en este ámbito para 2025 respecto al de 2024 crece en 138 millones de euros, un 7,5% más.
Otro foco de atención que ha señalado el presidente de CEN es el gasto en empresas públicas, que se ha triplicado en una década, pasando de 30,4 millones en 2014 a 109,5 millones en 2025 “cuando la ayuda al ámbito empresarial alcanza 24 millones de euros”. En este marco, no se entiende los cerca de 2 millones de euros destinados a la empresa pública NAFARBIDE ya que “rechazamos enérgicamente los peajes en las vías navarras que supone otro palo para la competitividad de las empresas y no solo las del transporte”.
Respecto a las infraestructuras estratégicas para Navarra, Piquer ha insistido en la necesidad de avanzar en proyectos como el Tren de Alta Velocidad, el incremento de la conectividad aérea con líneas y frecuencias del aeropuerto de Noain, la conexión terrestre con Madrid y el desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra. Respecto a este último, ha valorado los recientes avances con la aprobación de la DIA.
Como resumen general del presupuesto, Piquer ha evidenciado “el decaimiento de las partidas enfocadas a la actividad empresarial e industrial que son las que retornan valor, riqueza e impuestos a la sociedad” frente a las políticas pasivas subsidiarias. “Ambas deben coexistir en una comunidad social por la que también apostamos, pero el desequilibrio es demoledor y desalentador para nuestro tejido empresarial”.
ANÁLISIS POR DEPARTAMENTOS
En el análisis más concreto de los diferentes departamentos del Gobierno Foral, Piquer ha valorado los incrementos presupuestarios del Departamento de Cohesión Social, con 31 millones adicionales destinados, en gran parte, a obras públicas, y los 32 millones de aumento en el departamento de Educación. Sin embargo, ha manifestado su preocupación por la reducción de las partidas destinadas a Formación Profesional y la disminución en 5 millones del presupuesto del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, lo que afecta directamente a las ayudas para I+D+i empresarial y “desincentiva el crecimiento y la competitividad del tejido empresarial navarro”. En este marco, el Presidente de CEN ha lamentado la diminución de un 5% del presupuesto en el departamento “con mayor relevancia para las empresas e inversiones”.
Por último, Piquer ha apoyado el notable aumento en las ayudas para la promoción del autoempleo, dirigida a las personas que se den de alta en el régimen de autónomos, con cerca de 2 millones de euros más que en 2024. A pesar de esto, ha considerado que este incremento se produce a expensas de los incentivos a la contratación de jóvenes, cuya dotación se reduce considerablemente y ha lamentado que el presupuesto de 2025 no contemple la "cuota cero" para este colectivo.
Además, desde CEN se ha considerado necesario impulsar una ayuda específica para autónomos que deseen contratar a su primer trabajador indefinido, con el objetivo de fomentar el crecimiento de los pequeños negocios gestionados por una sola persona.
Finalmente, Piquer ha insistido en seguir impulsando los programas de inserción laboral, con el objetivo de reducir la dotación para la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital, con 99 millones y 57 millones de euros respectivamente.
