La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que comparezca en el próximo Pleno del Consejo de la Guardia Civil para abordar el impacto del traspaso de las competencias de tráfico en Navarra a la Policía Foral. La medida, contemplada en la Ley Orgánica 6/2024, afecta directamente a más de 200 agentes de la Benemérita que desempeñan su labor en la región, así como a aquellos que aspiraban a ocupar futuros destinos en el territorio navarro.
PREOCUPACIÓN E INCERTIDUMBRE EN LA GUARDIA CIVIL
JUCIL, a través de su secretario general, Ernesto Vilariño, ha pedido claridad sobre el calendario de implementación de este traspaso y ha exigido garantías sobre los derechos laborales y los destinos de los agentes afectados. “Es fundamental que el propio ministro aclare el impacto que tendrá esta decisión y no delegue esta tarea en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González”, señaló Vilariño.
La asociación reclama transparencia y un compromiso firme del Ministerio del Interior para proteger las condiciones laborales y familiares de los agentes. “Estamos aquí para defender los derechos de nuestros compañeros y asegurar que su futuro profesional no quede a merced de decisiones políticas que no contemplen el impacto real en sus vidas”, añadió.
DEFENSA DE LAS COMPETENCIAS DE LA GUARDIA CIVIL
JUCIL ha mantenido históricamente una postura contraria al traspaso de competencias desde la Guardia Civil hacia las policías autonómicas, considerando que estas medidas desmantelan progresivamente la institución en favor de modelos regionales. En 2021, la asociación logró frenar temporalmente este proceso a través de los tribunales, argumentando la falta de una reforma adecuada de la normativa foral en Navarra.
“Advertimos entonces y seguimos defendiendo ahora: cualquier modificación que implique el traspaso de competencias debe garantizar transparencia, respeto a los derechos laborales de los agentes y un marco normativo adecuado”, recordó Vilariño.
UNA ASOCIACIÓN CONSOLIDADA
JUCIL, fundada en 2018 como parte de Jusapol, cuenta con más de 15.000 afiliados en toda España. En las elecciones de 2021 al Consejo de la Guardia Civil, se consolidó como la asociación más votada, con seis representantes en este órgano consultivo. Su misión principal es la defensa de los derechos de los agentes de la Guardia Civil y del Instituto como institución.
La asociación continúa su lucha por la equiparación salarial con las policías autonómicas y por garantizar la estabilidad profesional de sus miembros en un contexto político que pone a prueba la fortaleza del Cuerpo.
