La Delegación en Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) ha anunciado su ruptura oficial con el Ayuntamiento de Pamplona respecto al desarrollo del II Concurso Internacional de Ideas para el Monumento a los Caídos. Aunque la institución colegial reitera su apoyo a la resignificación del edificio, ha decidido desvincularse de la redacción de las bases y de cualquier colaboración futura al considerar que el pliego condiciona gravemente el resultado arquitectónico final.
La decisión fue comunicada al consistorio el pasado 9 de diciembre de 2025, tras confirmarse que las bases incluirían la obligatoriedad de eliminar o alterar elementos estructurales específicos, como las arquerías, la cripta y la cúpula.
Defensa de la libertad proyectual
Para el COAVN, un concurso de arquitectura debe ser un marco abierto donde los profesionales propongan soluciones basadas en criterios técnicos y urbanísticos, no en directrices políticas previas. El Colegio sostiene que, una vez reducida la protección patrimonial del edificio, deben ser los arquitectos participantes quienes decidan qué elementos mantener o sustituir.
"La imposición de soluciones arquitectónicas cerradas desde el ámbito político desvirtúa el concurso", señala el comunicado. El Colegio considera que estas "soluciones impuestas" comprometen la calidad y el rigor técnico de lo que debería ser una herramienta de transparencia y pluralidad.
Discrepancias irrenunciables
Durante las reuniones previas, el Colegio planteó dos líneas rojas para avalar el proceso:
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Jurado profesional: Que la elección del proyecto ganador recaiga en expertos (criterio que sí fue aceptado).
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Ausencia de condicionantes previos: Que las bases no obligaran a tomar decisiones arquitectónicas antes de empezar el diseño (criterio rechazado por el Ayuntamiento).
Al mantenerse la obligatoriedad de intervenir en elementos clave del edificio de forma predeterminada, el COAVN ha decidido cesar su participación en el seguimiento y adjudicación del concurso. La institución advierte que este proceder sienta un precedente peligroso en la relación entre las administraciones públicas y los profesionales técnicos, cuya labor es aportar conocimiento especializado al servicio del interés general sin interferencias ideológicas en la forma arquitectónica.
