El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra, mayoritario en la Policía Nacional en la Comunidad foral, ha solicitado formalmente el cese de la comisaria jefa de la Brigada Provincial de Policía Judicial (BPPJ) de Pamplona tras la condena firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español por graves irregularidades en la investigación de una doble agresión sexual con sumisión química ocurrida en 2016.
El sindicato ha remitido un escrito a la delegada del Gobierno en Navarra en el que reclama que se proponga al Ministerio del Interior la destitución «inmediata e inaplazable» de la responsable policial, al considerar que los hechos suponen una quiebra «absoluta» de la cadena de custodia y un grave daño a la credibilidad de la institución.
La sentencia del TEDH, que ya es definitiva después de que la Abogacía del Estado haya decidido no recurrir ante la Gran Sala, concluye que el Estado es responsable de importantes deficiencias en la investigación. Entre ellas, recoge irregularidades sistemáticas y la desaparición y el borrado de pruebas que se encontraban bajo custodia policial, pese a existir un requerimiento judicial expreso para su conservación.
Según el SUP, estas actuaciones vulneran de forma directa los principios básicos que deben regir la labor de la Policía Nacional, especialmente en delitos de extrema gravedad como las agresiones sexuales. «Se trata de un impacto institucional de extraordinaria gravedad», sostiene la organización sindical en su comunicado.
SUP Navarra aclara que no atribuye responsabilidad penal individual —que corresponde exclusivamente a los órganos judiciales—, sino que reclama responsabilidades de carácter institucional y administrativo derivadas de los fallos constatados en una sentencia europea firme. El sindicato alerta de que la decisión del Estado de no recurrir la condena agrava el descrédito institucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en la capacidad de la Policía Nacional para responder ante delitos de extrema gravedad.
Por todo ello, SUP Navarra entiende que la continuidad de la responsable policial es «incompatible» con las exigencias de responsabilidad y confianza pública que deben presidir el servicio policial. En su escrito, también solicita la adopción de medidas disciplinarias y administrativas que eviten que pueda volver a ocupar cargos de máxima responsabilidad en la Jefatura Superior de Policía de Navarra.
El sindicato concluye que no puede «guardar silencio ante uno de los episodios más graves de descrédito de la Policía Nacional en Navarra» y reclama una actuación institucional «ejemplar, inmediata y contundente».
