El Tribunal Supremo ha vuelto a marcar distancias con las comisiones de investigación parlamentarias y ha denegado la autorización solicitada por el Parlamento de Navarra para que Koldo García comparezca el próximo miércoles 11 de febrero.
El motivo alegado es de carácter logístico y procesal: la incompatibilidad de su traslado a Navarra con la obligación de comparecer personalmente ante la Sala de lo Penal del alto tribunal al día siguiente, 12 de febrero, en el marco de la audiencia preliminar del conocido como caso mascarillas.
La decisión, comunicada mediante providencia a la Comisión de Investigación del Parlamento foral, se ampara en la condición de García como acusado y en la necesidad de garantizar su presencia ante el Supremo. Un argumento formalmente impecable, pero que vuelve a evidenciar el choque entre los tiempos de la Justicia y el derecho de los parlamentos a fiscalizar actuaciones de interés público.
Desde el Legislativo navarro se había solicitado la comparecencia para arrojar luz sobre posibles responsabilidades políticas en un caso que ha tenido un fuerte impacto institucional y social. Sin embargo, el veto del Supremo deja en suspenso esa explicación pública y refuerza la sensación de que las comisiones de investigación, pese a su función constitucional, quedan subordinadas cuando entran en el terreno de causas judicializadas.
