Santos Cerdán ha pasado al ataque este miércoles en su esperada comparecencia en la comisión de investigación sobre adjudicaciones de obras públicas del Parlamento de Navarra y la ha convertido en un pulso político directo con UPN y, en particular, con su portavoz, Javier Esparza, al que acusó de “venganza y rencor” y de haber convertido la comisión en un ajuste de cuentas personal.
Aunque inició la sesión acogido formalmente a su derecho a no declarar, amparándose en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por estar investigado en una causa separada sobre presunta financiación ilegal del PSOE en la Audiencia Nacional, Cerdán decidió finalmente entrar al cuerpo a cuerpo político y jurídico con Esparza. El diputado socialista defendió que su objetivo es “demostrar” su inocencia y reprochó a UPN haber olvidado la presunción de inocencia, que sí aparece, subrayó, en los informes de la UCO.
Desde el arranque, el líder de UPN vinculó a Cerdán con “presuntas mordidas”, “tramas” y adjudicaciones amañadas, situándole en el centro de una supuesta organización criminal en torno a contratos de obra pública y a la empresa Servinabar, a la que ligó con el 2% de comisión en varias adjudicaciones. Esparza recordó el auto del Tribunal Supremo que envió a Cerdán a prisión provisional por delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, e insistió en que fue un juez, y no UPN, quien apreció “indicios suficientes” para encarcelarle casi seis meses.
Santos Cerdan se califica a sí mismo y a Esparza de "muertos políticos"
Cerdán, lejos de replegarse, contraatacó cuestionando la credibilidad del propio Esparza y rescatando el papel del líder regionalista en la adjudicación de la primera fase del Canal de Navarra, donde la Cámara de Comptos ya advirtió que su intervención pudo afectar a la autonomía de la mesa de contratación. El socialista sostuvo que la actual comisión no es la de los túneles de Belate, sino “la de la venganza” de UPN, y llegó a calificar tanto a Esparza como a sí mismo de “muertos políticos”, aunque subrayó que la diferencia es que él ha pasado por prisión y el dirigente regionalista no.
Uno de los puntos más tensos giró en torno a Servinabar, la empresa adjudicataria, en UTE, de 76 millones de euros para las obras de Belate, que UPN sitúa como pieza clave de la presunta trama. Esparza exhibió el contrato privado de compraventa intervenido por la UCO en el domicilio de Antxón Alonso, en el que se ceden a Cerdán 1.350 participaciones —el 45%— de la sociedad, y recordó que el propio juez reconoce que, pese a no haberse elevado a público ni inscrito en el registro mercantil, el documento mantiene “valor y eficacia entre las partes”.
"No soy socio de Servinabar"
Cerdán negó tajantemente ser socio de Servinabar, insistió en que no se pagaron las acciones, no se firmó ante notario ni se inscribió en el registro, y defendió que “no se generó ningún derecho” de propiedad. El socialista acusó a Esparza de faltar a la verdad e intentar construir un relato mediático, y recalcó que no existe “ningún mensaje, ni una intervención” suya en ninguna mesa de contratación relacionada con los túneles de Belate.
El portavoz de UPN detalló, en cambio, el entramado de vínculos personales y económicos que, a su juicio, prueban la relación de Cerdán con Servinabar: el pago durante el primer año y medio del alquiler del piso que compartía en Madrid, gastos de mobiliario de su vivienda, una tarjeta con más de 33.000 euros en consumos atribuida a él y a su pareja, así como la contratación de personas de su entorno político y familiar.
Cerdán admitió que compartió piso con el propietario de Servinabar y que parte del alquiler y de los muebles se pagaron desde la sociedad, pero negó haber tenido tarjeta de crédito de la empresa y defendió que tener conocidos o familiares trabajando en determinadas firmas “no es ningún delito” por sí mismo.
Niega haber hablado con Chivite tras el estallido del caso
El choque se extendió al ámbito interno del PSOE y del Gobierno de Navarra. Esparza evocó las palabras de Pedro Sánchez, quien llegó a afirmar que “nunca debimos confiar en Santos Cerdán”, y recordó que la dirección federal negó al dirigente navarro que el partido asumiera su defensa jurídica, algo que Cerdán atribuyó a un desacuerdo con el seguro de responsabilidad y no a una decisión personal del presidente. El diputado socialista admitió que no ha hablado con la presidenta María Chivite desde que estalló el caso ni tras salir de prisión, lo que, en la práctica, supone la ruptura de la relación política entre ambos.
En el ámbito navarro, Esparza acusó al Gobierno de Chivite de premiar a Cerdán con la adjudicación de Belate como recompensa por su papel en el pacto entre PSN y EH Bildu, y sostuvo que tanto la presidenta como el entonces secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, conocían la vinculación del dirigente socialista con Servinabar. Cerdán rebatió esa tesis, aseguró que Alzórriz “no tenía por qué” conocer ninguna capacidad de decisión suya en la empresa y volvió a señalar a UPN por intentar reescribir su propia gestión en grandes obras como el Canal de Navarra.
"Aldama habla mucho pero no ha demostrado nada"
El dirigente socialista también cargó contra el papel de la UCO, deslizando que los informes que le señalan parten de una hipótesis que él considera interesada y sin pruebas sólidas, y sugirió que se ha construido un “relato” para desacreditarle, en el que encuadró también las declaraciones del empresario Aldama. Cerdán describió a Aldama como alguien que “ha hablado mucho pero no ha demostrado nada”, y cuestionó que sus manifestaciones le hayan servido para salir de prisión sin aportar evidencias contundentes.
La presidenta de la comisión tuvo que intervenir en varias ocasiones para reconducir el tono del debate y reclamar respeto, ante interrupciones cruzadas, acusaciones de “desfachatez” y alusiones personales. Pese a la tensión, Cerdán mantuvo su línea: proclamarse víctima de una persecución política impulsada por UPN, negar haber “metido el cazo en ningún sitio” y reiterar que ni ha recibido comisiones ni ha intervenido en las mesas de contratación de las obras investigadas.
Esparza, por su parte, ha insisitido en reafirmar que Cerdán “no es víctima de nada, sino presuntamente un delincuente” y “el cerebro de una trama de corrupción por amaños de obra pública”, apoyándose en el auto del Supremo y en las conclusiones de la UCO.
El choque entre ambos confirmó que la comisión de investigación se ha convertido en uno de los principales escenarios de la batalla política en Navarra, con la figura de Santos Cerdán como epicentro de un caso que sigue abierto en los tribunales y que amenaza con salpicar tanto al PSOE como al Gobierno foral.
