La coalición Geroa Bai ha denunciado este viernes lo que considera un nuevo ataque al autogobierno de Navarra tras las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, que han estimado los recursos del Gobierno de España contra dos leyes forales aprobadas por el Parlamento navarro. En un comunicado difundido por su oficina de prensa, la formación alerta de que estas resoluciones suponen, una vez más, una interpretación restrictiva del ámbito competencial de la Comunidad Foral que afecta de manera directa a la esencia misma de su régimen de autogobierno.
Según Geroa Bai, cada vez que una ley foral es impugnada y anulada total o parcialmente se lanza un mensaje político profundamente preocupante sobre el alcance real de las competencias reconocidas a Navarra, en una dinámica que la coalición describe como una erosión continuada por vía jurisprudencial que debilita el régimen foral. Especialmente grave, a su juicio, es que haya sido el propio Ejecutivo central quien haya promovido los recursos, una actuación que atribuyen al Gobierno presidido por Pedro Sánchez, al que acusan de optar por la judicialización sistemática de las competencias navarras y de utilizar al Tribunal Constitucional como un instrumento político que cuestiona de facto el marco foral reconocido.
En relación con la Ley Foral 5/2024, referida a los bomberos forestales, la coalición recuerda que la modificación legal pretendía reconocer la realidad profesional de un colectivo sometido a un elevado grado de riesgo y exposición al peligro. La norma, señalan, buscaba equiparar derechos, reducir la edad de acceso a la jubilación en función del trabajo efectivamente desempeñado y otorgar cobertura y reconocimiento a unos trabajadores esenciales para la protección civil y la seguridad de la ciudadanía, todo ello desde el conocimiento directo del sistema de emergencias de Navarra y en el ejercicio de las competencias propias en materia de organización de los servicios públicos y gestión de su personal.
Respecto a la Ley Foral 35/2022 de Contratos Públicos, Geroa Bai subraya que la reforma tenía como finalidad reforzar la dimensión social de la contratación pública en Navarra mediante la ampliación de las posibilidades de reserva de contratos como herramienta de política pública. Según la coalición, esta medida pretendía apoyar a entidades que trabajan con personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y promover una contratación más ética, responsable y alineada con el interés general, una concepción avanzada que, a su juicio, se enmarca plenamente en las competencias propias de Navarra y resulta conforme con los principios que inspiran la normativa y la jurisprudencia europeas.
