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UGT insta al alcalde de Berriozar a "reconsiderar" el cese del Jefe de Policía Municipal

Rchaza el cese y destaca su trayectoria ejemplar

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  • Ayuntamiento de Berriozar -

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Berriozar ha expresado su “más firme rechazo” a la decisión del equipo de gobierno de EH Bildu de cesar al jefe de la Policía Local de Berriozar, Juan Ceballos Itoiz, a quien atribuyen más de veinticinco años de servicio “ejemplar” en el municipio.

En un comunicado difundido este miércoles, el sindicato advierte de que la medida se ha adoptado “sin una justificación técnica clara” y a pocos meses de las próximas elecciones municipales, lo que —a su juicio— genera “una profunda preocupación por su oportunidad y por los motivos reales que la impulsan”. “La seguridad ciudadana no puede gestionarse desde la improvisación ni desde criterios que puedan interpretarse como partidistas”, subraya la organización.

UGT cuestiona además los argumentos ofrecidos para el relevo y pone en valor “el excelente trabajo y compañerismo” del mando cesado. Desde la plantilla policial, añaden, se actúa “con independencia, profesionalidad y respeto a la legalidad”, por lo que consideran que la estabilidad en los puestos de responsabilidad resulta “esencial” para garantizar un servicio eficaz, imparcial y orientado al interés general.

El sindicato reclama igualmente respeto a la trayectoria profesional del personal del cuerpo y alerta de que decisiones de este tipo pueden “erosionar la confianza interna y ciudadana”. En este sentido, exige “transparencia absoluta” sobre los motivos del cese y sobre el proceso de selección anunciado para cubrir la jefatura.

Asimismo, la organización demanda que se abra “un diálogo real” con los representantes sindicales ante cambios de esta envergadura, especialmente cuando puedan implicar modificaciones estructurales o del modelo organizativo.

Por último, UGT insta al Ayuntamiento de Berriozar a reconsiderar la decisión y a actuar “con responsabilidad institucional”, advirtiendo de que la gestión de la seguridad ciudadana no debe verse condicionada por intereses ajenos a su función esencial.

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