EH Bildu ha registrado varias preguntas dirigidas al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orkoien para conocer el impacto económico derivado del despido de la interventora municipal, una decisión que fue declarada irregular por la justicia y que obligará a su readmisión, así como al abono de los salarios correspondientes al tiempo en que permaneció apartada de su puesto.
Según las estimaciones que maneja la formación, el coste económico de esta decisión superará los 100.000 euros, una cantidad que deberá asumir el Consistorio y que, por tanto, repercutirá directamente en las arcas municipales. Además, advierten de que la cifra continuará aumentando mientras no se comunique formalmente a la trabajadora la fecha de reincorporación, algo que —según señalan— ya ha sido solicitado por la propia interventora.
Desde EH Bildu aseguran que llevan “toda la legislatura” denunciando dificultades para ejercer su labor de fiscalización. En este sentido, recuerdan que el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha reconocido en varias resoluciones que se han vulnerado sus derechos de participación y control. A su juicio, el despido de la interventora fue consecuencia de esa negativa del equipo de gobierno a someterse a la fiscalización.
La formación considera que este episodio no solo tiene un impacto económico relevante, sino que también evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno y de respetar el papel de la intervención municipal como garante del correcto uso de los recursos públicos.
“Este episodio nos tiene que servir para aprender y mejorar. Tenemos que evitar decisiones que generan gastos innecesarios y apostar por una gestión más rigurosa y transparente”, señalan desde EH Bildu, que afirma estar dispuesto a seguir trabajando por una administración “más transparente, sólida y eficiente”.
