El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, Borja Izaguirre, de EH Bildu, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Urbanismo a petición del PSN para explicar el cierre del servicio de bicicletas eléctricas desde el pasado 13 de febrero, en un debate marcado por cruces de acusaciones entre grupos municipales.
La portavoz del PSN, Marina Curiel, grupo que había propuesto la comparecencia abrió el fuego recordando las "incidencias operativas, dificultades contractuales, desequilibrios económicos" desde la implantación del servicio en 2021, y exigió publicar la valoración técnica del equipo de gobierno: "Los vecinos tienen derecho a conocer qué ha ocurrido, cuáles han sido las conclusiones técnicas y qué responsabilidades o deficiencias se han detectado".
Recordó que el PSN apoyó el acuerdo del pasado mes de abril de 2025 para rescatar el servicio, pese a defender la comarcalización vía Mancomunidad, pero criticó los "protocolos transitorios" actuales: "No estamos de acuerdo con volver a parchear un servicio de bicicletas que ya ha fracasado. Defendemos la mancomunización".
En su intervención, el edil responsable del área, Borja Izaguirre atribuyó el problema a la "herencia envenenada de UPN", que implantó en 2021 un sistema "a coste cero" inviable, con tarifas insuficientes y publicidad comprometida: "Navarra Suma lo ocultó tanto a la ciudadanía como a la oposición".
Detalló el acuerdo de abril 2025 –con adelanto de 200.000 euros pendiente de justificar y compra de stock por 700.000 euros–, pero lamentó la reducción de plantilla y calidad por Ride On pese a pagos mensuales. Tras verificar el stock en un 44% del valor acordado (previamente ya rebajado al 70% de su valor estimado inicial), recordó que el Ayuntamiento impulsa una nueva licitación comarcal para diciembre: "Vamos a reclamar judicialmente la apertura de un concurso de acreedores".
Ataques de UPN y PP por falta de autocrítica
Aitor Silgado (UPN) exigió autocrítica al equipo de gobierno por el "contrato suyo" de abril 2025, citando informes propios sobre los 200.000 euros y fondos Next (1,3 millones): "¿Por qué no informaron a los ciudadanos si sabían que el servicio peligraba? No ha habido ni una sola información del equipo de gobierno". El portavoz de UPN ha denunciado la existencia de un documento firmado el pasado 25 de febrero de 2026, desde el área correspondiente, en el que —según afirma— se autorizan pagos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, una vez que el servicio ya había dejado de prestarse.
Silgado ha explicado que en ese documento “se está autorizando y disponiendo pagos vinculados a la fidelización de personas con abono anual”, unos abonos que, según ha precisado, alcanzan los 50.000 y 25.000 euros. “Estamos hablando de informes fechados en febrero, cuando el servicio ya había caído”, ha subrayado. El edil ha sido especialmente crítico con el momento en el que se han tramitado estos documentos. “Eso es lo que han hecho ahora: correr. Correr a toda leche a ver si sacamos papel y si sacamos dinero, porque parece ser que todo esto no estaba autorizado previamente”, ha afirmado, cuestionando que las autorizaciones no se hubieran formalizado antes.
Además, ha planteado dudas sobre la situación real de esos pagos. “¿Están pagados todos esos reconocimientos de deuda o de pago que están diciendo ustedes? Porque no sabemos nada”, ha señalado, reclamando información clara sobre si las cantidades han sido efectivamente abonadas o si se trata únicamente de trámites administrativos. Por último, Silgado ha introducido una tercera cuestión relacionada con los fondos europeos Next Generation, preguntando sobre la falta de respuesta oficial a la pregunta de si habría que devolver más de 1 millón de euros percibidos.
Desde el PP, Carmen Alba subrayó el éxito inicial del sistema y el declive bajo el actual mandato: "Tras más de dos años de este gobierno municipal, el servicio ha desaparecido y no se sabe ni si va a volver, ni cómo, ni cuándo".
Tras las críticas de la oposición, Joxe Abaurrea, de EH Bildu aprovechó para lanzar un guante a su compañero Izaguirre y comparó el servicio con otros "desastres" de UPN como Aquavox o las filtraciones en la estación de autobuses, acusando ocultación a UPN de un desequilibrio de 526.000 euros durante el mandato de Cristina Ibarrola: "¿Por qué ocultaron que el sistema estaba enfermo?", le ha espetado,
El otro edil del equipo de Gobierno, Mikel Armendariz (Geroa Bai) respaldó al equipo y mostró su "apoyo total a las decisiones" tomadas y "basadas en la defensa del patrimonio público. No podemos entrar en juegos empresariales".
El portavoz de Contigo Zurekin, Txema Mauleón, ha asegurado que esta legislatura ha estado marcada por “dos grandes escándalos económicos” en el Ayuntamiento, entre los que citó lo ocurrido con las bicicletas eléctrricas. En este sentido ha denunciado que no se informó en el pleno de una reclamación de más de 500.000 euros por desequilibrio económico presentada por la empresa adjudicataria del servicio. Mauleón ha vinculado este segundo asunto con la suspensión actual del servicio, que atribuye a la falta de rigor y transparencia. Además, ha criticado que se presentara el sistema de alquiler de bicicletas como un servicio “a coste cero”, algo que considera irreal, ya que —ha recordado— ningún sistema público de este tipo en España funciona sin déficit.
Borja Izaguirre cerró el debate anunciando un trámite para reembolsar wallets de usuarios en marzo: "El Ayuntamiento ya está diseñando un sistema para garantizar que nadie que tenga dinero invertido en abonos o wallets de Ride On no lo pierda".
