El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra ha salido al paso de las recientes peticiones del Gobierno foral, de varios grupos parlamentarios, de una organización sindical y del propio Club Atlético Osasuna para que la Policía Foral asuma el orden público en los partidos de Primera División disputados en el estadio de El Sadar.
En un comunicado, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional recuerda que la seguridad en este tipo de encuentros “no es una cuestión vinculada a la titularidad del estadio ni a las competencias autonómicas en espectáculos públicos”, sino que se enmarca en el ámbito de la seguridad pública y el orden público de carácter supraautonómico, cuya responsabilidad corresponde al Estado.
El SUP subraya que los partidos de Primera División están catalogados como eventos de alto riesgo conforme a la normativa estatal de prevención de la violencia en el deporte. Esa consideración, sostienen, determina directamente el modelo de seguridad aplicable, que no se limita al control ordinario de un espectáculo, sino que implica prevenir alteraciones graves del orden público derivadas de desplazamientos masivos de aficionados y la actuación de grupos violentos organizados.
En este sentido, apuntan que la planificación y dirección de los dispositivos se rige por legislación estatal y por los acuerdos adoptados en las Juntas de Seguridad, donde —afirman— queda establecida una distribución clara de funciones que atribuye a la Policía Nacional la responsabilidad principal en materia de orden público en estos eventos.
El sindicato alude además a los incidentes registrados recientemente en el estadio de Estadio El Sadar, que, según explica, se produjeron tras el ataque de grupos ultras contra miembros de la seguridad privada contratada por el club, lo que obligó a intervenir a la Unidad de Intervención Policial (UIP) para restablecer la normalidad.
El SUP destaca que la existencia de grupos ultras vinculados al fútbol profesional, cuya actividad trasciende el ámbito territorial de una comunidad autónoma, justifica la intervención de una estructura estatal. Recuerda que la Policía Nacional cuenta con unidades especializadas en información e inteligencia que operan con bases de datos centralizadas y coordinación interterritorial para anticipar riesgos y controlar desplazamientos organizados de aficionados.
Aunque el sindicato no cuestiona la profesionalidad de la Policía Foral, advierte de que la capacidad operativa no equivale a la atribución de competencias, que —insiste— están reservadas legalmente al Estado. A su juicio, asumir funciones sin cobertura normativa podría generar inseguridad jurídica, duplicidades y conflictos de responsabilidad ante incidentes graves.
Finalmente, el SUP defiende que el modelo vigente se basa en la cooperación y coordinación entre cuerpos policiales, y reclama que el debate sobre el modelo policial en Navarra se aborde “desde el respeto institucional y el rigor jurídico”, evitando reinterpretaciones del marco competencial establecido.
