En un nuevo grito de alarma, 117 profesionales del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona han firmado un escrito colectivo que denuncia el "deterioro progresivo de nuestras condiciones laborales y profesionales, que venimos sufriendo desde hace años". Este manifiesto, firmado por trabajadoras de las 13 unidades de barrio, los equipos EISOL (Equipo de Intervención Socio-Laboral), EAIA (Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia), EDAER (Equipo de Atención a la Dependencia y Exclusión Residencial) y técnicas de apoyo, llega exactamente un año después del comunicado leído en el Colegio de Trabajo Social en enero de 2025, reiterando un malestar "cronificado" que, según ellas, no es casualidad sino resultado de "decisiones políticas y de gestión" que precarizan un sector "esencial, feminizado y hostigado".
Las trabajadoras del Área de Acción Social enfatizan que este empeoramiento no solo impacta en su "salud y dignidad profesional", sino que repercute directamente en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía, visibilizando una "situación insostenible" que exige respuesta inmediata. "La falta de respuesta por parte de nuestra entidad, la desprotección institucional y el deterioro continuado de nuestras condiciones, las buenas palabras, pero la ausencia real de medidas que aborden estas situaciones, nos llevan a afirmar que no podemos seguir sosteniendo un sistema que se apoya en la precarización y el desgaste de sus profesionales", proclaman en el texto.
Principales denuncias: riesgos psicosociales y sobrecarga crónica
El escrito detalla siete ejes críticos de problemática. En primer lugar, destacan los "riesgos laborales invisibilizados y normalizados", como la "sobrecarga emocional, estrés crónico, burnout, conflictos éticos, amenazas y en algunos contextos, agresiones verbales o físicas". Critican que estos no se evalúen ni aborden de forma efectiva, pese a trabajar con "situaciones de extrema vulnerabilidad", lo que vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales. "La salud mental de las profesionales no se protege y enfermar se ha convertido en el precio a pagar por sostener unos servicios sociales desbordados", afirman, recordando que su demanda de un complemento de riesgo fue desestimada en la plantilla orgánica reciente, argumentando medidas preventivas que ellas consideran insuficientes.
Otras quejas incluyen injerencias de entidades sociales que generan "tensión realmente elevada" y aumentan el riesgo de agresión, desautorización profesional por falta de protocolos claros –como en informes para el Ingreso Mínimo Vital–, y un "incremento continuo de la carga de trabajo" con tareas administrativas extras, gestión de prestaciones del Gobierno de Navarra y ratios disparadas sin refuerzo de plantillas. "¿Es de recibo que una persona, dependiendo del barrio en el que resida, tarde en ser atendida dos meses después de su solicitud de cita?", se preguntan.
Falta de recursos y desigualdades internas
La escasez de personal es otro foco central: "Plantillas bajo mínimos y no cobertura a tiempo de puestos de trabajo", con la no sustitución de bajas como práctica estructural que genera "sobrecarga insostenible" y listas de espera. En el EAIA, Pamplona tiene menos profesionales que el resto de Navarra pese a intervenir en más familias, incumpliendo compromisos previos pese a la financiación recibida (626.165,26 euros para EAIA y EISOL). Denuncian también la desaparición en Pamplona del Proyecto AUNA –una unidad de tramitación piloto con 13 figuras–, consolidada en otras zonas, y demoras en prestaciones como cinco meses para Renta Garantizada o más de un año en valoraciones de discapacidad.
Especial mención merece la "desigualdad en la compensación económica de las figuras referentes": mientras las de las unidades de barrio reciben un 5% extra aprobado en la plantilla de 2026, las de EAIA, EISOL y SMAM no, pese a asumir funciones idénticas. "Esta diferencia de trato carece de justificación [...] y supone un agravio comparativo", rechazan, exigiendo equiparación.
Exigencias concretas para una "atención social de calidad"
El manifiesto concluye con propuestas claras bajo el lema "Por la dignidad profesional y la defensa de lo público, por una atención social de calidad". Instan a un "respeto efectivo a la autonomía y criterio técnico", eliminación de injerencias, evaluaciones reales de riesgos psicosociales con calendario –la última, de hace dos años, está inconclusa–, sustitución inmediata de bajas, refuerzo estructural de plantillas a cargo del capítulo 1, coordinación con el Gobierno de Navarra para criterios uniformes, implantación de una unidad de tramitación para IMV/RG, complementos por riesgo y equiparación salarial. "Cuidar a quienes cuidan no es una opción, es una obligación. Porque sin condiciones dignas para quienes intervenimos, no hay derechos sociales que se sostengan", rematan.
Las 117 firmantes llaman directamente a los responsables políticos y técnicos a "acordar con las trabajadoras y sus representantes medidas concretas y efectivas así como a calendarizarlas en el tiempo para subsanar las deficiencias expuestas".
