La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado los recursos presentados por diversas instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid, declarando nula de pleno derecho la tasa por la gestión de residuos. La sentencia concluye que hubo una infracción en el procedimiento de aprobación, al omitirse durante el trámite de información pública una parte esencial del informe técnico-económico que fundamentaba la tasa.
La importancia de los anexos omitidos en la ordenanza fiscal
El tribunal determinó que no se publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, documentos que considera imprescindibles para fiscalizar la cuantificación del tributo. La ordenanza, aprobada bajo la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, buscaba implantar sistemas de financiación basados en el principio de 'quien contamina paga'. Sin embargo, la Sala subraya que esto no exime del cumplimiento de las garantías procedimentales ni de la motivación adecuada de los elementos esenciales de la tasa.
El informe técnico-económico es esencial para establecer tasas municipales, ya que justifica el coste del servicio y los criterios de determinación de la cuota. Según la doctrina del Tribunal Supremo, este informe debe ofrecer una explicación razonada de la metodología empleada, permitiendo verificar la adecuación de la tasa a los principios de legalidad, proporcionalidad y equivalencia.
El papel crucial de la información pública en la transparencia
La Sala examinó el informe publicado y concluyó que, aunque incluía resultados y cifras, no permitía conocer el proceso de obtención de estos, especialmente en la atribución de residuos a actividades económicas y la configuración de zonas homogéneas. Esta información crucial estaba en los anexos omitidos. El tribunal rechazó el argumento del Ayuntamiento de que estos anexos eran meramente auxiliares, señalando que contenían el núcleo metodológico del cálculo de la tasa.
La resolución destaca la importancia del trámite de información pública como garantía del derecho de participación ciudadana. La Sala enfatiza que este trámite no debe ser un formalismo, sino un medio para que los interesados examinen el expediente completo y formulen alegaciones. Para que este derecho sea efectivo, la Administración debe publicar toda la documentación relevante sin excepciones.
Indefensión ciudadana y nulidad de pleno derecho
La falta de publicación de los anexos privó a los ciudadanos de conocer los fundamentos técnicos de la ordenanza y cuestionar los criterios utilizados, generando una indefensión material que, conforme a la jurisprudencia, constituye causa de nulidad de pleno derecho. La Sala recuerda que no basta con alegar la posibilidad de acceso a la documentación mediante solicitudes individuales, ya que la ley exige la publicidad íntegra del expediente durante el periodo de información pública.
El tribunal también rechaza sustituir la explicación metodológica por la mera exposición de resultados, ya que esto impide verificar la racionalidad del cálculo de la tasa. La sentencia, que es susceptible de recurso de casación, pone de relieve la importancia de la transparencia y el cumplimiento de procedimientos en la administración pública.
