El Defensor del Pueblo de Navarra ha instado al Ayuntamiento de Pamplona a incrementar el número de apartamentos tutelados disponibles en el parque público, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de este recurso entre las personas mayores.
La resolución, fechada el 9 de marzo, se produce tras la queja presentada por una vecina que denunciaba dificultades en el acceso a este tipo de vivienda. En concreto, la afectada señalaba que, pese a haber obtenido 70 puntos en el baremo municipal, había pasado del puesto 12 al 22 en la lista de espera sin recibir una explicación clara por parte del Consistorio.
Tras analizar el caso, la institución que dirige Patxi Vera Donazar concluye que no concurren los elementos necesarios para exigir responsabilidades al Ayuntamiento por la falta de explicación en el cambio de posición. Sin embargo, sí pone el foco en un problema estructural: la escasez de apartamentos tutelados en la ciudad.
Actualmente, según recoge el expediente, existen al menos 55 solicitudes por delante de la demandante, lo que evidencia, a juicio del Defensor, que la oferta municipal resulta insuficiente para cubrir las necesidades existentes.
En este sentido, la resolución recuerda que, si bien la normativa vigente no reconoce un derecho subjetivo a acceder a un apartamento tutelado en un plazo concreto, sí corresponde a las administraciones públicas promover el bienestar de las personas mayores, tal y como establece la Constitución.
Los apartamentos tutelados, propiedad del Ayuntamiento, están concebidos como un recurso residencial básico, destinado a personas mayores con un buen nivel de autonomía pero con dificultades de acceso a vivienda.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha formulado una sugerencia formal al Consistorio para que “agilice las gestiones” y adopte las decisiones necesarias que permitan ampliar este tipo de alojamientos dentro del parque residencial público.
El Ayuntamiento dispone ahora de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la resolución y detallar, en su caso, las medidas adoptadas. En caso de no hacerlo, el asunto podría ser incluido en el informe anual que la institución remite al Parlamento de Navarra, con mención expresa a la falta de respuesta municipal.
