Estamos en el siglo XXI y todavía hay países democráticos, entre ellos el nuestro, donde persiste la monarquía. El rechazo a esta realidad no es solo un posicionamiento ideológico o una mirada nostálgica hacia un pasado republicano o un rechazo hacia una monarquía que en los orígenes de nuestra democracia llegó de la mano del franquismo. Cierto que todo ello está ahí, pero hay algo más elemental. Se trata de una evidencia: las monarquías son un vestigio de siglos pasados en los que el poder se acumulaba en reyes y nobleza. La monarquía estaría mejor como pieza de museo y motivo de estudio de la historia.
Una democracia debiera negarse por principios a que sean hereditarios nada más y nada menos que el cargo de jefe del Estado y el cargo de jefe de todos los ejércitos. Es una burda contradicción de un sistema de gobierno que tiene al sufragio universal como base principal de su funcionamiento.
A esos motivos generales, hay que añadirles los particulares de nuestro país. Este año se han desclasificado documentos del 23-F, los que se conservaban, y hay quien concluye que en ellos se demuestra la defensa que el emérito hizo de la democracia ante la intentona golpista. Sin embargo, no son pocos los que afirman que lo hizo porque el tipo de golpe que se pretendía no respondía a su criterio. Lo que parece claro, al decir de diversos analistas, es que fue el propio Juan Carlos quien presionó a Suárez hasta su dimisión y quien tanteó un gobierno de concentración presidido por un militar con participación de los principales partidos políticos a excepción de los nacionalistas, impulsando así en cierto modo la rebelión militar.
Si ya de por sí una forma de gobierno republicana es más coherente con una democracia que una monárquica de acuerdo con los motivos anteriormente reseñados, hay que tener en cuenta, además, que la constitución española reconoce la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey durante su mandato, tanto por los actos que se refieren a su cargo institucional, refrendados por el gobierno, como por los actos personales. Lo que respecta a la inviolabilidad de actos institucionales refrendados es similar a otros gobiernos democráticos monárquicos o republicanos. No así lo que respecta a la inviolabilidad de los actos privados, es decir, al hecho de que el rey, por ser rey, pueda cometer impunemente durante su mandato actos privados que para cualquier persona serían delictivos y juzgados como tales. De esa prerrogativa de inviolabilidad en los actos privados del rey durante su mandato, se derivó en el 2022 el archivo de las investigaciones de la fiscalía sobre la fortuna opaca del emérito en el extranjero. Recordemos que la marcha del emérito fuera de España no fue consecuencia de una sentencia o decreto de ningún tipo, fue una decisión suya, y quizá de su heredero, para no dañar más la institución monárquica después del poco ejemplar comportamiento del monarca emérito. Si ese poco ejemplar comportamiento en cualquier otra persona hubiera sido causa de enjuiciamiento y de su correspondiente penalización, no es de recibo que en el caso de la monarquía no sea así y que el asunto se salde pasando sus prerrogativas a su hijo.
Entre los pasos a dar para que nuestra democracia sea más coherente, uno significativo sería que la ciudadanía eligiera entre monarquía y república. Durante nuestra democracia, nunca se ha preguntado a las y los ciudadanos españoles si prefieren monarquía o república. Ni siquiera en las encuestas en las que se valoran diferentes aspectos sobre la forma de pensar, votar y actuar. Probablemente no sea por casualidad, sino por saber que mucha gente, más allá de sus posicionamientos y diferencias de tipo ideológico, no ve sentido a una institución monárquica, símbolo de privilegios por derecho de sucesión.
También sería preciso, por supuesto, que los libros de texto profundizaran más en lo que supuso la II República, con sus luces y con sus sombras, aprendiendo de errores y poniendo en valor sus aciertos, entre los cuales uno de los más importantes fue colocar a España en lo más alto del escalafón cultural mundial. Unos textos en los que las y los estudiantes observen cómo el golpe de Estado franquista terminó con un gobierno republicano elegido democráticamente y cómo llevó al país a una guerra civil que finalizó con el triunfo de un golpe de Estado que sumió a España en décadas dictatoriales de represión, ostracismo y pobreza económica y cultural. Si todo ello fuese estudiado y debatido a fondo, probablemente no habría jóvenes tentados a buscar la salida a sus problemas votando a quienes no solo no mejorarán su situación, sino que pretenderán llevarla a la oscuridad vivida décadas atrás.
Si a todo ello le sumásemos los pasos necesarios para que la Memoria democrática lograse eliminar de una vez todos los monumentos, placas y alusiones que glorifican a los dictadores franquistas y que aún se mantienen en varias zonas de España, si lográsemos la exhumación de todos los cuerpos de personas fusiladas y desaparecidas por el franquismo, si se revocasen todas las sentencias condenatorias de tribunales militares contra personas cuyo delito era ser republicanas, si se resarciese a las familias de víctimas del franquismo, y si se afrontaran tareas pendientes desde la Transición, como, por ejemplo, mejorar la democratización de instituciones judiciales y cuerpos armados, todavía tendríamos mejores condiciones para afrontar retos democráticos imprescindibles en un tiempo convulso en el que las ideologías populistas ultras acechan lo que hemos ido logrando y construyendo con tanto esfuerzo una vez desaparecido el franquismo.
Con esa base y unos sólidos valores cívicos que apuesten por la paz, por la convivencia solidaria entre diferentes, por la igualdad de derechos de los seres humanos, por la biodiversidad y cuidado del planeta, no prosperarán peligrosos salvadores invasores de países como sucedió con Ucrania o Irán y otros. Porque la República que queremos no es la de Trump ni la de Putin ni la de ningún dictador. La República a la que aspiramos es la de la hermandad, la diversidad en igualdad de derechos y obligaciones, la que se enfrenta al patriarcado y a las exclusiones por razón de identidad sexual, la que apuesta por la cultura, el juicio crítico, el respeto a la naturaleza, la oposición a guerras y terrorismos, y siempre trabaja por la paz.
Para acercarnos a tales premisas, hay que ir construyendo ya lo que deseamos, porque, como dijo Antonio Machado, no hay camino, se hace camino al andar. Hoy, trabajar por la igualdad y la convivencia en diversidad significa pedir derechos para todas las personas, rechazar discriminaciones por identidad sexual, género, procedencia o religión. Trabajar por la paz significa educar en esos valores y apostar por soluciones diplomáticas a conflictos de todo tipo, rechazando atajos que conlleven guerras y violaciones de derechos humanos. Si una monarquía no pinta nada en nuestras vidas, tampoco queremos cualquier república. Somos caminantes haciendo camino al andar hacia una República de esperanza, que apueste por la dignidad humana en todas sus vertientes.
Por Milagros Rubio, Txema Mauleón, y Olga Risueño, de Batzarre
