La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este martes la aprobación definitiva del Real Decreto que pone en marcha un proceso extraordinario de regularización para miles de personas migrantes que ya residen en España, una medida que ha calificado como «uno de los grandes hitos de esta legislatura».
Saiz ha subrayado que se trata de personas «que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con los nuestros, que dan vida a nuestros pueblos y a nuestras calles» y que, a partir de ahora, podrán acceder «con garantías» a plenos derechos y cumplir también sus obligaciones.
Triple legitimidad: social, política y económica
La ministra ha defendido que la iniciativa cuenta con «triple legitimidad». En el plano social, ha recordado que el Gobierno recoge el testigo de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas, apoyada por más de 900 asociaciones y con el respaldo de la Iglesia Católica.
En el ámbito político, ha destacado que la propuesta fue tomada en consideración en el Congreso con 310 votos a favor, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo uno. Y en el terreno económico, ha puesto en valor el respaldo de los agentes sociales —patronal y sindicatos— así como de sectores como la agricultura, la construcción y el transporte, que «llevan meses, si no años, remando a favor de esta medida histórica».
Saiz ha recalcado que el proceso cuenta con todas las garantías legales. Ha citado el informe del Consejo Económico y Social, que incide en que la regularidad administrativa es clave para una integración plena, así como el dictamen favorable del Consejo de Estado, que avala la vía reglamentaria elegida y los objetivos de integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad.
Además, ha aludido a un reciente informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia que proyecta que una reducción del 30% de la migración en 2075 supondría una caída del PIB del 22%, la desaparición de más de 90.000 bares y una pérdida de 15 millones de habitantes. «Nuestra prosperidad está demostradamente unida a la gestión de la migración», ha afirmado.
Autorización de un año y acceso a derechos básicos
El procedimiento permitirá a quienes cumplan los requisitos obtener una autorización de residencia y trabajo por un año, número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria en su territorio de residencia. Transcurrido ese periodo, podrán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería para avanzar hacia una integración «plena y progresiva».
Las solicitudes podrán presentarse desde el 16 de abril, tras la publicación del Real Decreto en el BOE prevista para el día 15. La vía telemática estará disponible las 24 horas del día a través de la web del Ministerio y será, según la ministra, «la más rápida y sencilla». También se podrá tramitar mediante representantes autorizados o entidades colaboradoras de extranjería.
En cuanto a la vía presencial, requerirá cita previa —que podrá solicitarse desde el 16 de abril por internet o en el teléfono 060— y comenzará el 20 de abril. Participarán unas 450 oficinas en todo el país, entre ellas oficinas de la Seguridad Social, sucursales de Correos en capitales y grandes municipios, y determinadas oficinas de extranjería. Saiz ha pedido «colaboración ciudadana y mediática» para evitar desplazamientos sin información previa.
El plazo para presentar solicitudes concluirá el 30 de junio.
Requisitos y despliegue operativo
Entre los requisitos figuran encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido al menos cinco meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad pública. La estancia podrá acreditarse mediante documentos verificables, siendo el certificado de empadronamiento válido pero no obligatorio.
Para afrontar el proceso, el Ministerio ha reforzado el dispositivo con más de medio millar de profesionales adicionales y la utilización de la plataforma telemática Mercurio, desde la que la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) gestionará los procedimientos.
La ministra ha recordado que desde 1986 se han llevado a cabo seis procesos extraordinarios de regularización en España, que han beneficiado a cerca de 1,3 millones de personas. Ha defendido que «cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla».
En su intervención, Saiz ha destacado que el 43% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros y ha vinculado su aportación al crecimiento económico, la sostenibilidad del sistema de bienestar y el rejuvenecimiento demográfico.
«Es un acto de coherencia ética y de justicia social», ha concluido. «Un país que concede derechos, en lugar de recortarlos, es un país mejor».
