El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha defendido en el Parlamento de Navarra que las últimas convocatorias públicas de empleo están reduciendo la temporalidad en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y ha anunciado que, con todos los procesos selectivos actualmente en marcha, la tasa quedará por debajo del 8% que exige la normativa europea. Lo ha dicho en respuesta a una interpelación de EH Bildu en el pleno de control, donde la oposición ha puesto sobre la mesa un diagnóstico mucho más crítico de la gestión del personal sanitario.
Tres años de ofertas públicas y nuevos incentivos
Domínguez ha recordado que llevan "ya tres años" reduciendo la temporalidad con grandes ofertas de empleo público y ha detallado las medidas adoptadas en 2025: adelanto de los decretos forales de plantilla, incorporación de los méritos de euskera suspendidos desde 2017, concursos de traslado previos y convocatoria de procesos selectivos para evitar extinciones de contrato. Además, ha anunciado que el Departamento trabaja en nuevos modelos retributivos, entre ellos una experiencia piloto de incentivos por objetivos y el desarrollo de la carrera profesional para personal sanitario de niveles C y D.
El consejero también ha abordado la dificultad estructural de cubrir plazas en zonas rurales, atribuyéndola en parte al cambio generacional: "Las nuevas generaciones tienen otros intereses y otras formas de trabajar, y cada vez va a ser más complicado que los profesionales jóvenes quieran arraigarse en el mismo sitio toda su carrera laboral".
EH Bildu habla de "despilfarro"; la derecha, de "desastre"
Txomin González, portavoz de EH Bildu, ha sido el más contundente en el diagnóstico: ha denunciado un aumento de quejas, una reducción de la actividad y un incremento del gasto de personal sin mejora de resultados. "A esta gestión en las empresas se le llama despilfarro", ha afirmado, aunque ha tendido la mano al consejero para buscar consensos.
Desde el PP, Irene Royo ha aludido a una "guerra abierta con el personal sanitario" y a la primacía de las prioridades políticas sobre las necesidades del sistema. Emilio Jiménez, del Grupo Mixto, ha ido más lejos y ha calificado la situación de "desastre", achacándolo a siete años de gestión del Gobierno de Chivite, al que ha acusado de tratar al personal sanitario "como mano de obra barata".
El tono ha sido más constructivo desde otros grupos. El PSN ha valorado la reducción de la interinidad lograda gracias al proceso de estabilización reciente. Geroa Bai ha reclamado políticas que no solo atraigan profesionales, sino que también ofrezcan condiciones laborales y de conciliación para retenerlos.
UPN ha defendido avanzar hacia un modelo de gestión basado en valor —premiando resultados en los pacientes y no mera actividad— y Contigo-Zurekin ha pedido al consejero que no gestione "en respuesta del titular de turno" y que racionalice los recursos disponibles en lo que queda de legislatura.
