El Gobierno de España, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha dado un paso firme en la defensa del derecho internacional al solicitar formalmente a la Comisión Europea la activación del Estatuto de Bloqueo. Esta medida busca neutralizar los efectos de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese.
En una carta dirigida a Ursula von der Leyen, Sánchez advierte que estas medidas de presión —que incluyen restricciones de viaje y bloqueos financieros— suponen un "precedente muy preocupante". Según el Ejecutivo español, estas acciones comprometen el funcionamiento de instituciones clave para la justicia internacional y la persecución de crímenes de lesa humanidad.
Un escudo jurídico más allá de lo comercial
Tradicionalmente, el Reglamento (CE) nº 2271/1996, conocido como Estatuto de Bloqueo, se ha utilizado para proteger intereses comerciales. Sin embargo, España propone que este mecanismo evolucione para salvaguardar el multilateralismo y la soberanía europea. La propuesta exige incluir en el anexo del reglamento las órdenes ejecutivas estadounidenses que sustentan estas sanciones, basadas en leyes de emergencia nacional de dicho país.
El objetivo es impedir que las normas extraterritoriales de terceros países afecten a operadores en suelo europeo, garantizando que los juristas y relatores puedan investigar la violación de derechos humanos sin represalias externas.
Coalición internacional y el Consejo Europeo
España ya lidera una ofensiva diplomática para recabar apoyos entre otros Estados miembros de la Unión Europea. La estrategia contempla elevar este debate al próximo Consejo Europeo, programado para los días 18 y 19 de junio de 2026. Se busca que la cumbre de líderes emita un mandato político explícito para que la Comisión actúe de forma inmediata.
Para el Gobierno español, la defensa de la Corte Penal Internacional es esencial en la lucha contra la impunidad. Sánchez recalca que la respuesta de la Unión debe ser "decidida y coherente" para apuntalar una soberanía europea que proteja los valores fundamentales y no solo los réditos económicos.
