El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles un informe de disconformidad con la proposición de Ley Foral del grupo parlamentario de UPN, que busca modificar las unidades educativas de la educación pública y concertada. La propuesta, que incluye una moratoria en su disposición transitoria única, podría incumplir las exigencias de la normativa básica y vulnerar el principio de economía y eficiencia en el uso de recursos públicos al mantener unidades concertadas innecesarias.
El informe critica la propuesta de UPN por vulnerar principios constitucionales
El informe destaca que la proposición de UPN contraviene los artículos 31.2 y 103.1 de la Constitución Española, que promueven la asignación equitativa y eficiente de los recursos públicos. Además, recuerda que el Tribunal Supremo ha avalado la reducción de unidades concertadas en caso de disminución de la natalidad, siempre que haya plazas sobrantes en otros centros, basado en la programación educativa y los principios de eficiencia y economía.
Respecto al artículo 1.2 de la proposición, el informe califica de 'insólito' que un grupo parlamentario proponga que el destinatario del concierto pueda proponer los criterios para la concesión de unidades concertadas, sugiriendo que estos criterios no se dirigirán a la satisfacción del interés público. En cuanto al artículo 1.1, que garantiza la libertad de elección educativa, el informe subraya que ya el 98,9% del alumnado ha obtenido plaza en su primera opción para el curso 2026-2027.
Impacto en la planificación educativa de Navarra
La proposición de Ley Foral introduce medidas contradictorias que afectarían la planificación educativa en Navarra. Por un lado, se aplicarían los mismos criterios de reducción de ratios de la escuela pública a la concertada, lo que implica un máximo de 23 alumnos por aula en Infantil y Primaria, y 28 en ESO. Sin embargo, la disposición transitoria única ordena mantener las unidades actuales, impidiendo el incremento necesario de unidades por desdoble.
El informe señala que la reducción de ratios y la imposibilidad de incrementar unidades afectarán el proceso de admisión del alumnado para el curso 2026-2027, que ya está en marcha. Esto podría llevar a rehacer la adjudicación de plazas en Educación Infantil, ya que la votación de la proposición será posterior a la publicación de la adjudicación. Además, se reducirían las vacantes en centros concertados, afectando a un número impredecible de alumnos.
Otro efecto de la ley es la obligación de mantener 15 unidades concertadas que se propuso suprimir, lo que resultaría en aulas sin alumnos. La aprobación de la proposición también exigiría rehacer la plantilla de profesorado en centros públicos, afectando el calendario de inicio de curso, ya que los centros no conocerían su plantilla ni el profesorado su destino para el curso 2026-2027.
Consecuencias económicas y de planificación
El informe enumera situaciones que la aplicación de la proposición conllevaría, como el desplazamiento de alumnado en Educación Infantil debido a la imposibilidad de incrementar unidades. También afectaría la oferta de Formación Profesional y podría obligar a suspender el 2º curso de ciclos formativos de nueva implantación, perjudicando el desarrollo económico y laboral de Navarra.
El impacto económico de la aplicación estricta del artículo 2 de la proposición, sin considerar la disposición transitoria única, supondría la creación de alrededor de 80 grupos adicionales, con un coste de aproximadamente 8 millones de euros. Además, recuperar las 13 unidades netas no incluidas en el concierto para el curso 2026-2027 costaría 1,3 millones de euros. En total, la aplicación de la proposición ascendería a unos 9,3 millones de euros, un incremento del 5% del presupuesto actual para la educación concertada.
En conclusión, el informe califica la redacción de la proposición de Ley Foral de UPN como 'incoherente y carente de sentido', al generar incertidumbre en las 377 unidades ya autorizadas para los próximos cuatro años en Educación Infantil y Bachillerato, y poner en riesgo la planificación educativa de los centros públicos para el curso 2026-2027.
