El Gobierno de Navarra ha mostrado este miércoles su disconformidad con la proposición de Ley Foral del derecho navarro a la inclusión activa presentada por el Partido Popular, que plantea endurecer los requisitos de acceso a prestaciones económicas como la Renta Garantizada. El Ejecutivo foral considera que la propuesta va en sentido contrario a las recomendaciones de la Unión Europea y a la evidencia académica sobre la eficacia de las prestaciones dinerarias en la lucha contra la pobreza.
El portavoz del Gobierno y vicepresidente primero, Javier Remírez, explicó que el Ejecutivo trabaja en su propia reforma de la Ley Foral 15/2016, orientada a armonizar la Renta Garantizada con el Ingreso Mínimo Vital estatal, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar el derecho a la inclusión social desde el primer momento en que se activa la prestación.
Qué propone el PP y por qué lo rechaza el Gobierno
La proposición del PP, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra el pasado 30 de abril, incluye entre sus medidas exigir un mínimo de cuatro años de residencia legal y efectiva en Navarra para acceder a las prestaciones económicas del sistema de inclusión. El Gobierno considera que este y otros requisitos "restringen sustancialmente la protección social en Navarra", alejándose tanto de la evidencia científica como de la recomendación que la propia UE dictó en 2023 sobre este tipo de prestaciones.
Según el modelo europeo que defiende el Ejecutivo foral, los sistemas de renta mínima deben garantizar ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, ir acompañados de acceso a servicios esenciales como sanidad, vivienda y educación, incluir apoyo al empleo y políticas de inclusión activa, ser fáciles de solicitar —incluso de forma individual, no solo por hogar— y aplicarse con criterios transparentes, no discriminatorios y sin límite temporal.
La ley vigente es mejorable, pero no derogable
El Gobierno admite que la Ley Foral 15/2016 es susceptible de mejora, pero rechaza que esa mejora pase por su derogación, que es lo que plantea implícitamente la proposición popular. "Hace tiempo que sabemos que los programas de prestaciones dinerarias tienen un papel fundamental en combatir la pobreza", señala el acuerdo adoptado este miércoles, que defiende que la capacidad de una sociedad para reducir la pobreza a través de sus políticas públicas es "uno de los mejores indicadores de equidad, solidaridad y cohesión social".
No es la primera vez que el Ejecutivo foral frena una iniciativa de este tipo en el Parlamento: hace escasos días ya rechazó una proposición de UPN para limitar a tres años el período de percepción de la Renta Garantizada y reducir progresivamente su importe con el tiempo.
